A través de la Resolución 153/2025, el Gobierno aplicó medidas más estrictas en cárceles federales para evitar la transmisión de órdenes delictivas y estableció impedir el contacto físico con sus visitas.
En medio de una ola de inseguridad que sacude el conurbano bonaerense, la recientemente nombrada ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, impuso nuevas restricciones para los presos de alto pefil en cárceles federales. La decisión busca frenar el uso de familiares y abogados para enviar órdenes a organizaciones delictivas. La medida se formalizó este miércoles y fue publicada a través del Boletín Oficial.
Desde la cartera de Patricia Bullrich, explicaron que detectaron una nueva maniobra en las cárceles. Algunos internos usaban a los familiares que iban de visita para coordinar delitos. En el último año, las fuerzas de seguridad detuvieron aonce personas—nueve familiares y dos abogados—por transmitir información clave para extorsiones, amenazas e incendios.
Al justificar las nuevas medidas de control, la ministra Bullrich, indicó que un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Procuración General de la Nación alertó acerca del empleo de diversas tácticas que permiten sortear las restricciones establecidas en las comunicaciones telefónicas autorizadas a los internos incorporados al sistema».
La semana pasada, un preso de máxima seguridad intentó entregar una nota a su madre durante una visita. El mensaje contenía instrucciones para cometer delitos y provocar más muertes, según fuentes oficiales. Agentes penitenciarios lo interceptaron y lograron retener a la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia.
Las autoridades afirmaron que estos controles buscan desarticular las mafias carcelarias existentes dentro de los complejos penitenciarios. Además, señalaron que las restricciones responden a compromisos internacionales en la lucha contra el crimen organizado.
A partir de estas modficaciones establecidas , “el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá requerir a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre detenido cada interno y al Ministerio Público Fiscal que por jurisdicción corresponda, que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema”.
Además, la nueva norma señala queno podrá ser autorizada como visita cualquier persona a la que un interno le haya revocado la autorización para ese fin. “No se autorizará el ingreso como visita a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren investigadas por la posible comisión de un delito”, precisa.
