La Cámara Federal recibe una decena de causas por quincena sobre el tema. En la Ciudad de Buenos Aires hubo 502 falsas amenazas en lo que va del año. El caso del grupo de WhatsApp cruzado entre alumnos de distintos colegios. Embargos judiciales de 7 a 20 mil pesos.
En lo que va del año y sólo en la ciudad de Buenos Aires, hubo 502 llamados por falsas amenazas de bomba en escuelas. La cifra surge de estadísticas de la Policía Federal que, en todos los casos, envió al establecimiento una brigada de la división Explosivos.
En los tribunales de Retiro, cada juzgado de turno ante la Cámara Federal porteña recibe en promedio por sorteo una decena de estas causas por quincena.
Durante el turno con la policía, también de 15 días, de unas 60 consultas diarias que se hacen por teléfono a un juzgado, un cuarto son por amenazas de bomba y dentro de este porcentaje, el 80 por ciento provienen de colegios, según un relevamiento de #BORDER.
Las cifras pegan un salto en cada temporada de exámenes. Con cada llamada se abre una investigación. En los pocos casos en que se logra identificar al autor y si tiene más de 16 años, el “chiste” suele tener consecuencias penales.
El 15 de junio pasado, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de un alumno de la escuela Ramón Falcón en La Rioja al 600 con un embargo de 7.500 pesos. Los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens ratificaron un fallo del juez Claudio Bonadio y entendieron que el llamado que hizo el adolescente desde el teléfono de su madre al 911 para advertir por una bomba obligó a evacuar el colegio y a requerir la presencia de la Brigada de Explosivos.
Según ese fallo, si la falsa amenaza de bomba deriva en un “efecto atemorizante” para la comunidad educativa se produce un delito, intimidación pública, con penas de hasta seis años de prisión.
En mayo último quedó confirmado el procesamiento de otro estudiante, esta vez de la escuela de comercio 6 “América” en Escalada 2890, por el mismo delito y con un embargo de 5.000 pesos.
“Hola amigo, hay una bomba en el Colegio si no me dejan un millón de pesos en el colegio América Escalada y Dellepiane los mato a todos, escuchaste”, dijo a la operadora del 911. El autor del llamado cursaba cuarto año y usó el celular de la madre.
Otras investigaciones están en curso. Una de ellas reabierta también por la Cámara Federal apunta a una falsa amenaza contra el instituto Manuel Estrada. “Buenas noches llamo para avisar que hay una amenaza de bomba en el Instituto José Manuel de Estrada en Entre Ríos y Pavón”, se escuchó en el audio. El llamado fue hecho por un varón desde un celular a nombre de una mujer que fue identificada. Ahora se intenta determinar si tiene algún pariente que sea o haya sido alumno o empleado de esa institución.
El año pasado hubo un pico de falsas amenazas a colegios: sólo en agosto se recibieron 350 llamados.
En uno de los casos el juez federal Ariel Lijo procesó y dispuso un embargo de 20.000 pesos, el costo que calculó tuvo el operativo.
Muchas autoridades de colegios se muestran reacias a evacuar. Aluden al riesgo cierto de sacar a la calle a centenares de chicos, incluso los de jardín de infantes si se trata de escuelas con los tres niveles de enseñanza.
Los jueces cada vez más los citan a sus despachos. Incluso en uno de esos encuentros se llegó a sugerir -sin éxito- la prohibición de ingreso de celulares, porque se detectó que gran parte de los llamados coinciden con horarios de recreo. Y, casi siempre, antes del inicio de algún examen.
El fiscal federal Federico Delgado envía cada año un informe a la Procuración General de la Nación en base a las causas por falsas amenazas que llegan a su fiscalía cuando está de turno.El del 2018 está en preparación, pero en el del 2017 Delgado advirtió sobre la problemática calcada de cada año.
Los llamados llegan “generalmente, desde líneas de teléfonos imposibles de rastrear, ya sea por ausentes, falsas o mal informadas titularidades, porque se hicieron a través de teléfonos públicos o desde los números pertenecientes a las compañías telefónicas para cursar llamadas de emergencia”
Los autores de las amenazas falsas “saben que no van a ser descubiertos, fundamentalmente por la falta de control sobre las líneas telefónicas”, concluyó.
La suerte judicial de los chicos es variada:
-Si el llamado provino de un teléfono imposible de rastrear -lo más habitual- todo queda archivado.
–Si se identifica al autor y es menor de 16, se dicta sobreseimiento por inimputabilidad o se envía el caso a la Justicia de menores.
-Muchos jueces citan a los padres y directivos y entregan toda la información del caso.
Hubo un juez incluso que convocó a responsables de dos colegios porque detectó que se había armado un grupo de WhatsApp para coordinar falsas amenazas cruzadas entre alumnos y “ayudarse” mutuamente.
En aquellos casos contados donde se da con el número o el autor de la llamada, lo que prima en la actualidad es un conflicto de competencia. Muchos federales sostienen que si todo es falso y no hay artefacto explosivo, el hecho debe ser investigado por la justicia en lo criminal ordinaria.
Esta postura suele no ser compartida por ese fuero y muchas causas esperan una definición desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tal es el caso por ejemplo de la amenaza que sufrió el colegio normal 9 “Domingo F. Sarmiento” de avenida Callao 450 el 29 de noviembre pasado. Se identificó el número del que partió el llamado y se pidió información sobre su titularidad, domicilio de facturación y llamadas entrantes y salientes de ese día entre las 7 y las 9, horario de la amenaza.
Una vez que la Justicia tuvo en sus manos toda la información derivó el caso. “La sola mención de la existencia de un supuesto artefacto explosivo, que vale decir no existió, no es la que le asigna la competencia al fuero de excepción”, sostuvo el juez Lijo en esa resolución.
