En el marco de la investigación penal que se sigue en su contra por presunto lavado de dinero, el exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert presentó un nuevo escrito ante los tribunales federales. A través de un documento de más de un centenar de páginas acompañado por anexos probatorios, el economista intentó rebatir los señalamientos de la fiscalía y ratificó que las operaciones financieras cuestionadas respondieron exclusivamente a un marco comercial legítimo.
La causa se enfoca en la transferencia de 200.000 dólares efectuada por la firma Minas del Pueblo S.A., una compañía radicada en Guatemala y vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, condenado por la Justicia de los Estados Unidos. En su exposición, la defensa del exdiputado enfatizó que las contrataciones de servicios profesionales se ejecutaron en blanco y bajo instrumentos notariales formalizados con anterioridad al conocimiento público de los procesos penales internacionales contra el empresario.
Los argumentos de la defensa sobre los honorarios y la validez contractual
El escrito presentado ante el juez Lino Mirabelli sostiene que el monto percibido correspondió a la primera etapa de un contrato de consultoría económica y financiera pautado originalmente por la cifra total de un millón de dólares. La representación legal de Espert argumentó que los honorarios pactados resultaron acordes a la complejidad de la tarea requerida, orientada a la reestructuración del pasivo y al diseño estratégico de la compañía minera.
Asimismo, la defensa hizo hincapié en que el acuerdo fue suscripto ante escribano público y debidamente apostillado, rechazando de plano la hipótesis del Ministerio Público Fiscal sobre una supuesta simulación contractual para canalizar fondos de origen ilícito. Respecto al uso de aeronaves durante la campaña electoral de 2019, la presentación acotó el vínculo a traslados puntuales y reiteró que en esa instancia no existían alertas formales sobre las actividades de Machado.
El origen de la imputación fiscal y el destino de los fondos
La hipótesis acusatoria impulsada por el fiscal Fernando Domínguez sostiene que el contrato de asesoría habría constituido una maniobra para ingresar divisas no justificadas al circuito formal. De acuerdo con las actuaciones del Ministerio Público, los fondos habrían sido destinados a la adquisición de vehículos de alta gama y a la participación en proyectos inmobiliarios, elementos que la fiscalía considera parte del esquema de blanqueo.
Dentro del expediente, el fiscal incorporó registros de audio y declaraciones periodísticas en las que Espert abordó la irrecuperabilidad del dinero tras la detención del empresario en 2021. En su reciente ampliación, el imputado justificó no haber realizado la devolución de los importes alegando que los fondos formaban parte de honorarios devengados no reembolsables por tareas efectivamente desarrolladas, sumado a la inexistencia de reclamos formales por parte de la contraparte contractual.
Definiciones pendientes en la causa penal
Con la incorporación de este nuevo descargo, la instrucción ingresa en un tramo decisivo donde el juzgado deberá resolver la situación procesal del economista. Entre los planteos pendientes de resolución figura la solicitud de la defensa para que la conducción del expediente vuelva a quedar bajo la órbita exclusiva del juez de la causa.
El magistrado Mirabelli cuenta con los plazos procesales para analizar las pruebas documentales aportadas por las partes y determinar si dicta el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento del exdiputado en la causa por lavado de activos.
