Todo se encaminaba hacia un juicio de extradición. El juez federal Claudio Bonadio debía decidir en las próximas horas si aceptaba ser el juez que juzgará el destino de Alejandro Burzaco, Hugo y Mariano Jinkins, los tres argentinos con pedido de captura internacional por el escándalo de coimas de la FIFA. Están en la mira por ser quienes supuestamente pagaron sobornos a dirigentes del fútbol internacional para conseguir derechos de transmisión de los torneos. Todo se embarró durante la tarde del jueves y la sobreactuación del Gobierno le vino a los sospechosos como anillo al dedo.

Por Marita Tudor

La AFIP reaccionó 24 horas después del estallido y presentó una denuncia por evasión contra los tres acusados por la Justicia de los Estados Unidos. Les dio la llave a los abogados defensores para frenar la extradición de los argentinos, que ahora pueden oponerse a ser juzgados en ese país porque tendrán un proceso judicial pendiente en la Argentina.

El mejor ejemplo de este tipo de maniobra legal fue Hernán Arbizu. El ex vicepresidente del Banco JP Morgan de Nueva York tenía pedido de captura por una denuncia de la propia banca que quería juzgarlo por una supuesta estafa a las arcas del banco. Arbizu se refugió en la Argentina y se autodenunció por el delito de lavado de dinero, ya que, según sostiene, manejaba cuentas sin declarar de argentinos en Nueva York. Gracias a eso, desde hace años está “refugiado” en nuestro país y los Estados Unidos no pueden extraditarlo para juzgarlo allí.

Lo mismo podría pasar con Burzaco y los Jinkins. Ser juzgados en la Argentina puede ser un trámite si se compara con la crudeza de un proceso en los Estados Unidos. Sin embargo, si las defensas no optan por esta vía -lo cual sería extraño-, se activaría el juicio de extradición. En ese caso, el juez Bonadio primero deberá decidir si acepta ser el juez de la causa o devuelve el trámite a su colega Marcelo Martínez De Giorgi, que entre el miércoles a la noche y el jueves al mediodía dio curso al pedido de los Estados Unidos y aprobó el pedido de captura de los tres argentinos. Horas antres, los abogados defensores solicitaron la eximición de prisión y el fiscal federal Federico Delgado se las denegó. Marchen presos.

Si Bonadio toma cartas en el asunto deberá traer capturados a Burzaco y Jinkins padre e hijo, comunicárselo a la Justicia estadounidence y esperar que los investigadores a cargo del caso le envíen los documentos que demuestren qué pruebas tienen en su contra. Estados Unidos tiene hasta un mes para cumplir con este paso. Luego Bonadio los juzgará en una audiencia en la cual los tres argentinos deberán estar presentes, escuchar las acusaciones en su contra, defenderse y argumentar las razones que sostienen para no ser extraditados. La denuncia de la AFIP será la clave.

Si el juez decide extraditarlos, sólo les queda una chance: acudir a la Corte Suprema. Después de eso, la palabra final la tiene la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en representación del poder Ejecutivo debe decidir si da su consentimiento para enviarlos al exterior a ser juzgados. Aunque Bonadio puede rechazar el expediente, devolvérselo a Martínez De Giorgi y dejar la decisión en manos de la Cámara Federal, que intervendría para establecer quien es el juez de la causa.

En la Justicia argentina, el destino de estos tres argentinos tendrá un peso particular. En los tribunales federales la relación entre la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) y el Gobierno es objeto de una investigación de la jueza María Servini de Cubría en torno al manejo de fondos del programa Fútbol para Todos. El impacto del escándalo internacional no será inmediato pero será, confiaron fuentes de la causa. Bonadio es un juez enfrentado a todo o nada con el Gobierno, socio de la AFA que dejó el fallecido Julio Grondona.

En Comodoro Py, sede de los tribunales federales, el manejo del caso por parte de la Justicia estadounidense no cayó bien. El juez Martínez De Giorgi se quejó por haberse enterado por los medios del escándalo, cuando el pedido de captura en los Estados Unidos ya estaba firmado el 20 de mayo, una semana antes de que el caso llegara a los titulares del mundo. Los implicados argentinos se enteraron también por los medios, al mismo tiempo que el juez que tenía que detenerlos.

La denuncia de la AFIP fue ante el fuero Penal Tributario. Allí los argentinos no van a ser investigados por las supuestas coimas pagadas a dirigentes de la FIFA y posiblemente no queden detenidos. La acusación es por evasión y de avanzar, podrán esperar el juicio en libertad. Un panorama más amigable que someterse a la gillotina de la Justicia estadounidense por la Ley RICO, como se conoce a la legislación que contempla la corrupción entre privados y puede implicar hasta 20 años de prisión.

La clave la tiene el juez Bonadio. Otra vez será el juez que decida el destino de no sólo Burzaco y los Jinkins, sino también del acuerdo entre el Gobierno y la AFA.