Telefónica concretó la venta de su filial argentina a Telecom, una empresa controlada por Cablevisión (del Grupo Clarín) con un 40% de participación, Fintech (de David Martínez) con otro 40%, y varios inversores con el 20% restante.

Telecom se impuso en la puja frente a otras grandes firmas que también mostraron interés por la compra, como DirecTV (Grupo Werthein), Telecentro (de Alberto Pierri), LibertyGlobal, Claro y Alpha Media (Marcelo Fígoli).

Con esta adquisición, Telecom se queda con el 32% del mercado argentino de telecomunicaciones, comprometiéndose a seguir invirtiendo en infraestructura, con un plan de inversión de 6 mil millones de dólares desde 2017.

La compra, generó una rápida reacción del Gobierno Nacional que advirtió que la compra podría concentrar el 70% de los servicios de telecomunicaciones en un solo grupo económico, generando un monopolio favorecido por beneficios estatales previos. Por ello, tomará medidas para evitarlo. La Oficina del Presidente destacó que la regulación vigente impone controles estrictos sobre estas adquisiciones, ya que afectan la competencia y el proceso desinflacionario.

"Este Gobierno bajó la inflación en el segmento de comunicaciones del 15,6% en diciembre de 2023 al 2,3% en enero de este año, y está determinado a continuar este proceso", añadió el texto oficial.

En este sentido, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) manifestó su preocupación por el posible riesgo de concentración monopólica en el sector.

Desde el organismo explicaron que la operación será sometida a estrictos controles para garantizar la transparencia y la libre competencia, en línea con lo que establece el marco regulatorio vigente.

ENACOM, en colaboración con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), se encargará de evaluar detalladamente la transacción, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios y asegurar que los servicios de telecomunicaciones sean accesibles y competitivos en todo el país.

En un comunicado oficial, ENACOM recordó que el sistema actual de controles evita la creación de posiciones oligopólicas y protege el derecho de los ciudadanos a la información, la comunicación y la libertad de expresión.