Trabajadores del Hospital de salud mental ‘Laura Bonaparte’ realizó una asamblea debido a que sus trabajadores aseguran que “quieren cerrarlo” y que muchas de las desvinculaciones que hubo durante estos días, “forman parte de los 1.400 despidos que llevó a cabo del Gobierno Nacional” a comienzos de su gestión.
Según declararon los empleados del hospital al medio Noticias Argentinas, desde el comienzo del gobierno de Javier Milei las cesantías alcanzan a “casi la mitad” del personal.
De acuerdo a las declaraciones de los trabajadores los 200 despidos que llevan contabilizados hasta ahora alcanzan a 40 psicólogos, 20 enfermeros, odontólogos y farmacéuticos, lo cual deja al Bonaparte “casi sin capacidad operativa”.
“Informamos a la comunidad que los trabajadores del Hospital Bonaparte nos encontramos en estado de alerta permanente. Vamos a necesitar nuevamente apoyo para resistir este nuevo ataque a la Salud Pública”, aseguraron los trabajadores del Bonaparte, quienes afirman que hay 25 internados cuyos equipos terapéuticos fueron despedidos. Dado que no cuentan con personal necesario, tampoco pueden abrir la guardia.
Esta institución es la única dependiente del Estado argentino y, particularmente, del Ministerio de Salud de la Nación, y está reglada por la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), que agrupa a los hospitales “que contemplan el enfoque de derechos humanos y en la perspectiva interdisciplinaria”.
“Es casi una carnicería. Ayer nos concentramos a partir de la noche y la idea es quedarnos hasta que volvamos a conversar con algunas de las autoridades del ministerio y se revise todo este desastre que hicieron”, manifestaron los trabajadores del hospital.
En octubre del año pasado, el gobierno intentó cerrar el centro de salud, ocasionando que los trabajadores del lugar tomaran el edificio. «Hay 612 empleados y tienen un promedio de 16 internados, cuando hay camas para 50 personas. Sabemos que la reestructuración no va a ser una tarea sencilla, pero los números no dan. No hay una demanda porque está cubierta por otras instituciones», plantearon desde el gobierno para respaldar la medida. Luego, dieron marcha atrás con la decisión de cerrarlo, pero ahora el conflicto se reabre.
