La Iglesia católica ya no recibirá el aporte económico del Estado. Así lo confirmó un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina donde se anunció que el pasado 31 de diciembre finalizó el proceso que había iniciado hace cinco años para la renuncia a la asignación mensual que recibían los arzobispos y obispos de todo el país. 

“La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950″, detallaron en la página oficial.

Sucede que en 2018, cuando se debatió por primera vez la legalización del aborto, también se reclamó la separación del Estado y la Iglesia. Efectuarlo, lógicamente, implicaba un retiro de aportes económicos. 

Ahora, la Iglesia anunció el principio de la transición: puso en marcha un plan para su completo autosostenimiento en base a la contribución de sus fieles.

De acuerdo al artículo 2 de la Constitución Nacional, el gobierno federal debe sostener al culto católico y, además, la ley 21.950 de 1979 estableció que los arzobispos y obispos debían cobrar una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración del juez nacional de primera instancia.

Sin embargo, la renuncia al aporte del Estado fue aprobada en un plenario de obispos en 2018, y fue aprobada por mayoría. La Conferencia Episcopal comunicó en ese entonces que “aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común”.

Por razones de edad, los obispos y arzobispos ancianos cobrarán una asignación de 98 mil pesos. La medida fue dispuesta el año pasado por la secretaría de Culto.