El fiscal federal Carlos Stornelli determinó realizar una investigación penal sobre Juan Grabois y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti de Unión por la Patria, entre otros, por el presunto manejo irregular del Fondo de Integración Social Urbano (FISU).
Stornelli le pidió al juez a cargo del caso, Sebastián Ramos, ordenar medidas de prueba para rastrear cómo fue la ejecución de los fondos del fideicomiso durante la administración del Frente de Todos. Otros de los imputados son la exfuncionaria Fernanda Miño y el expresidente del BICE Jorge Miguel Tanus.
“A partir de una auditoría realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, se habría advertido que el Fondo de Integración Social Urbano (FISU), cuyo objetivo principal era el de urbanizar barrios populares, habría concretado tan solo cuatrocientas (400) obras de las seis mil quinientas diecisiete (6517) asignadas”, planteó el fiscal en el requerimiento de instrucción.
Y continua: “Habiéndoseles destinado fondos por hasta mil millones de dólares (US$ 1.000.000.000) en los últimos tres años, los cuales habrían sido utilizados para beneficio propio o para campañas políticas, existiendo además sobrefacturación y millones de pesos destinados en viajes y gastos no rendidos, todo ello conforme se denuncia”.
“Finalmente, se desprende que el FISU habría incrementado sustancialmente su personal en el último período, pasando de tener tan solo sesenta (60) empleados a seiscientos (600), siendo que la gran mayoría de ellos se encontrarían afiliados a la agrupación social Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)”, cierra el planteo de Stornelli.
Qué es el FISU
Es la herramienta fiduciaria destinada a la urbanización de barrios populares que quedó envuelta en polémica por el retraso en los emprendimientos como al divulgarse que era manejadas por dirigentes cercanos a Grabois. Esta no es la primera causa judicial en la que el dirigente queda imputado por este tema: ya hay otro expediente por estos hechos a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Julián Ercolini.
