Denuncian que las instituciones del plan no reciben fondos hace meses, algunas desde principios de año y más. Afecta a 30 mil personas y depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de De Andreis. Prometen pagos para octubre. La desesperación en las familias y la crisis en el Cottolengo Don Orione.

Preocupación es una palabra que, por estos días, pronuncian con frecuencia los responsables de los centros que atienden a personas con discapacidad. El motivo es que, según denuncian, desde hace meses no reciben los fondos que el Estado debería bajar a través del programa federal Incluir Salud. Las familias, por su parte, afirman que atraviesan una incertidumbre casi sin precedentes: muchas no saben si sus seres queridos podrán continuar yendo a estas instituciones, en donde tienen clases, comen y, muchas veces, viven de forma permanente.

La crisis afecta, principalmente, a titulares de pensiones no contributivas con alguna discapacidad (física, mental o ambas), y que no podrían contar con una asistencia integral de no ser por el programa Incluir Salud, que cubre, entre otras prestaciones, el acceso a medicamentos, transporte y asistentes terapéuticos. Se trata, en pocas palabras, de personas en situación de vulnerabilidad.

A cargo del programa federal Incluir Salud -que cubre las necesidades de 30 mil personas– se encuentra, dentro de la órbita de la Secretaría General de la Presidencia que dirige Fernando de Andreis, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) -cuyo titular es Santiago Ibárzabal.

Para Beatriz Pérez, coordinadora técnica del Cottolengo Don Orione, en Claypole, la situación que atraviesan, con una deuda que, sostiene, se acumula desde febrero, es crítica y afecta tanto a pacientes como a los profesionales que allí trabajan. “Tenemos que pagar los sueldos y no tenemos con qué. Hemos tocado fondo, y esto se agrava porque del programa no llegan tampoco los medicamentos ni los pañales. Se nos están venciendo los créditos de supermercados y hace meses que no podemos pagar cargas sociales”, cuenta Pérez.

En el caso del Cottolengo, allí viven 370 personas con discapacidades severas, muchas de las cuales no tienen familia o, si la tienen, no cuentan con suficiente dinero que les permita acceder a otra atención para sus seres queridos.

En este establecimiento histórico, recientemente fue reconocido por la Fundación Konex con un diploma al mérito en la categoría de entidades de la sociedad civil, además, trabajan 400 personas que también se ven afectados por la crisis de Incluir Salud. “Tenemos mucha gente que son jefas de familia y que está necesitando el sueldo para vivir”, agrega Pérez.  

Mientras tanto, el Cottolengo sobrevive, relata Pérez, gracias a la buena voluntad de algunas personas y privados. “Nos llegan donaciones y estamos tratando de manejarnos con lo que nos pueden ir dando los diferentes comercios y supermercadistas.”

Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis) está lejos de alcanzar la calma total, pese a reconocer que, tras la marcha que familias, trabajadores y beneficiarios del programa realizaron la semana pasada al Congreso de la Nación, algunos fondos comenzaron a llegar a las instituciones. “Lo que nos preocupa es que esos pagos, que son de muchos meses, no traen tranquilidad en cuanto a que el presupuesto no es suficiente para cubrir el año”.

Las deudas, dependiendo cada institución, pueden comenzar desde comienzos de 2018 a esta parte del año. A estos problemas se suman las denuncias de atrasos en los pagos a los transportistas, y a los asistentes terapéuticos. “Están con seis, siete meses de demora y muchos terminan desistiendo de seguir atendiendo”, asegura Ramos.

Desde la Andis les prometieron a las distintas asociaciones nucleadas en el el Foro Para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (PRO) que, para mediados de este mes, se girarán 1.300 millones para cancelar con los prestadores las deudas del período enero-mayo y parte de junio. Y que recién en octubre, con otro desembolso de 1.300 y dos mil millones, la agencia estaría al dia. Sin embargo, desde el Foro creen que, en el actual contexto inflacionario, les será muy difícil afrontar los gastos hasta fin de año con esas sumas de dinero. Algunos centros, además, denuncian que todavía no les llegaron a completar pagos correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2017.

Mientras tanto, las estrategias para sostenerse en la crisis son varias, dice Ramos. “Lo que termina pasando es que hay préstamos, endeudamientos, venta de cheques”, describe el presidente de Caidis.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires confirman el difícil momento que atraviesa el programa federal. “Siempre hubo quejas contra lo que era el programa Incluir Salud. O sea, siempre hay denuncias y quejas. Esto no es una novedad. Lo que sucede es que en este último año y medio se ha deteriorado aún más la calidad en la prestaciones”, afirma Ermelinda Garbini, titular de la Dirección de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Más allá de las denuncias y los números, detrás de las crisis, está claro, hay personas que esperan y necesitan una resolución. Susana Surace es jubilada, y tiene una definición precisa para describir lo que ocurre: para ella, esta crisis “es una lucha constante”. Su hija Natalia, de 30 años, es ciega y tiene una parálisis cerebral. Sin embargo, desde hace un año que no puede enviarla a un centro, en Ciudadela, por las deudas que Incluir Salud acumuló con este establecimiento.

“Veía que la nena me traía cuadritos, que bailaba, que cantaba. Natalia adelantó muchísimo, y fue incorporando cosas”, recuerda. Escucharla genera una esperanza que choca de frente con la realidad que ahora viven.

“Yo estoy muy preocupada con esto -dice Susana-. Ella necesita ir a algún lado, pero la llevo a otro lado y me dicen ‘¿qué obra social tiene, PAMI, Incluir Salud?’ y no me la aceptan. Yo soy jubilada, cobro la minima, no tengo vivienda y estoy viviendo de prestada en el departamento que es del papá de Natalia”.

Reclama “sensibilidad” Susana y, dice que para que su hija pueda volver al centro de día hará todo lo que tenga a su alcance. “Yo soy una mamá que la cuida, la ama y quiero lo mejor para ella”. 

Cristina Gómez tiene 64 años y su hijo Leandro, 28. Él tiene autismo, y concurre a una escuela de educación especial en Isidro Casanova en donde tiene un abordaje terapéutico a su condición. De lunes a viernes, hasta las cinco de la tarde, Leandro tiene talleres, natación, y, a veces, hasta campamentos. “Tiene otra conexión, es fundamental, le hace muchísimo bien”, dice Cristina. Sin embargo, agrega: “Nos avisaron del colegio que no están pagando”. El programa también le cubre el transporte diario hasta el centro educativo.

Su hijo no sabe leer ni escribir, y ha tenido episodios de autoagresión y también de agresión a ella y a su marido, de 72 años. De algún modo, su asistencia al colegio es fundamental, tanto para él como para su familia, que vive un estrés que, a Cristina, le impacta de lleno en su salud. “Tengo hipertensión, colesterol alto, osteoporosis… uno no vive en paz -dice conmovida-. El político se olvida de que hay una familia detrás de las personas con discapacidad”. Sin la asistencia del Estado, no podrían pagar la educación y tratamiento de su hijo.

“No estoy tranquila porque si me llegan a sacar esto no sé lo que hago. Por ahí me tengo que ir al Obelisco con tratados internacionales”. Cristina habla de las normas jurídicas que resguardan los derechos de las personas con discapacidad.

“Tenemos un Gobierno que hace mucho hincapié en cómo funcionan las cosas en el mundo. ¿El mundo sabés qué hace con estos chicos? Los contiene y no los excluye. Es un derecho de la persona, más allá de la situación económica”, apunta. Como ella, miles de familias esperan un poco de certidumbre sobre el futuro de los que más quieren. 

Fotos: Mariano Espinosa, para #BORDER.