La organización de las elecciones provinciales desdobladas en la provincia de Buenos Aires enfrenta un entramado de desafíos técnicos, políticos y logísticos que, lejos de resolverse, se agravan conforme avanza el calendario electoral. El más sensible de ellos —y acaso el más inquietante— es la falta de experiencia de la Policía Bonaerense como única fuerza de seguridad designada para garantizar el normal desarrollo del acto comicial previsto para el 7 de septiembre, cuando más de 14 millones de bonaerenses concurran a las urnas para elegir diputados, senadores y concejales.
Desde 1983, la responsabilidad de la seguridad durante las elecciones recae en el Comando General Electoral, integrado por el Ejército Argentino y otras fuerzas federales como Gendarmería y Prefectura. Pero en este escenario de elecciones desdobladas, esa participación no está asegurada. Por tratarse de un turno exclusivamente provincial, será la Policía de la provincia de Buenos Aires la encargada del traslado de urnas, el resguardo de actas y la custodia de más de 6.500 escuelas habilitadas como centros de votación. Un despliegue sin precedentes para una fuerza que, hasta ahora, no ha tenido protagonismo exclusivo en tareas de este tipo.
La magnitud del distrito lo convierte en una prueba de fuego. Más de 40.000 mesas deberán ser vigiladas, custodiadas y asistidas por efectivos policiales que, al ser desplazados a tareas electorales, provocarán una afectación inevitable en los operativos de seguridad cotidiana en las calles bonaerenses.
Kicillof pide ayuda a Milei para un operativo que desborda a la Provincia
El gobernador Axel Kicillof y su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reconocen las limitaciones del Estado provincial para afrontar en soledad la dimensión operativa de las elecciones. Por eso, en una jugada política cargada de tensiones, recurrieron a la Casa Rosada para solicitar la colaboración de las fuerzas federales. En concreto, Bianco se reunió con el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, y agradeció públicamente la “muy buena predisposición” de los funcionarios del gobierno nacional. Sin embargo, desde el entorno de Javier Milei relativizaron ese gesto: la decisión final sobre la ayuda sigue en manos del Presidente, que aún no se ha pronunciado.
“El operativo electoral de una elección desdoblada es inédito en democracia. La provincia más grande del país, sin apoyo federal asegurado, tiene que custodiar más de 6.500 escuelas, garantizar el traslado seguro de 49 mil urnas y supervisar una jornada con millones de electores”, resumió un funcionario.
A menos de cinco meses del acto electoral, la falta de definiciones mantiene en vilo a la administración bonaerense. Aunque Bianco aseguró que “la Policía de la provincia de Buenos Aires tiene vastísima experiencia”, también admitió que para evitar cualquier margen de error se solicitó formalmente la intervención de Nación en la organización conjunta del comando electoral.
Acuerdo con la Justicia Federal y detalles de un convenio tripartito en marcha
A la par del pedido de asistencia a Nación, el Gobierno provincial avanza en un convenio tripartito con la Junta Electoral bonaerense y el Juzgado Federal N°1 con competencia electoral, a cargo de Alejo Ramos Padilla. El objetivo es que el Juzgado ponga a disposición sus recursos humanos, técnicos y materiales para facilitar el desarrollo del proceso electoral.
Bianco fue explícito en este punto: “Salvo un plebiscito, todas las elecciones en la provincia se organizaron junto al Gobierno nacional y la operatoria estuvo a cargo del Juzgado Federal. La novedad de esta elección es que el operativo lo encabeza la Junta Electoral”.
En ese sentido, el ministro insistió en que el Ejecutivo provincial trabaja desde octubre con los organismos judiciales y electorales para dar garantías institucionales. Esta semana, según confirmó, comenzarán las reuniones técnicas para definir la conformación del comando electoral, aunque sin precisiones sobre la participación de las fuerzas federales.
Sin PASO y con el reloj corriendo: cronograma electoral ya en marcha
El Senado bonaerense aprobó el martes 15 de abril la suspensión de las elecciones primarias (PASO), y se espera que el miércoles 23 la Cámara de Diputados ratifique la medida. La eliminación de las PASO otorga algo más de tiempo al Gobierno para afinar los preparativos del turno electoral bonaerense.
Con esa decisión ya avanzada, el cronograma vigente establece que el 9 de julio será la fecha para el reconocimiento de alianzas, el 8 de agosto el cierre de listas, el 18 de agosto la presentación de boletas y el 7 de septiembre la elección definitiva.
En este contexto, el pedido de auxilio a la Nación no es un capricho, sino una necesidad operativa: la Policía Bonaerense, a pesar de ser la fuerza de seguridad con mayor despliegue territorial en el país, no cuenta con experiencia ni equipamiento específico para custodiar un proceso electoral completo y exclusivo en una jurisdicción de esta magnitud.
A pesar de que el Gobierno bonaerense afirma que la logística estará garantizada y que ya se están dando pasos firmes en materia de organización, la incertidumbre por la seguridad del comicio aún no está despejada. Sin la confirmación oficial del apoyo federal, la elección del 7 de septiembre se encamina a realizarse bajo un esquema inédito, y con el riesgo latente de que la falta de preparación de la policía provincial ponga en jaque la transparencia y el normal desarrollo de la jornada democrática.
