Se habla poco de la evolución de los casos de coronavirus en los institutos de menores del conurbano bonaerense en conflicto con la ley penal. Pero el tema es delicado y preocupa puertas adentro del Organismo de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo, de donde dependen estos centros de detención. Según pudo averiguar #BORDER, al menos dos de ellos acumularon contagios en la última semana, tanto entre los adolescentes detenidos como entre los trabajadores que los cuidan (asistentes, guardias, cocineros, enfermeros, administrativos). Esta tarde, murió un asistente de minoridad que se desempeñaba en un instituto de Malvinas Argentinas y tenía coronavirus, y los trabajadores difundieron un video para denunciar la situación «deplorable, insegura y peligrosa» en la que dicen trabajar.

Una de las poblaciones vulnerables que acaparan la atención oficial es la del Centro de Recepción de Lomas de Zamora. Hace diez días, este instituto de menores (pensada para recibir a los detenidos cuando son aprehendidos por la Policía, antes de que se los derive a otro lugar) tenía no más de cuatro o cinco casos, entre positivos y sospechosos. Pero en los últimos días se dispararon: un grupo de asistentes presentó síntomas compatibles con el Covid-19, otros se aislaron preventivamente en sus hogares, y se desplegó el Plan Detectar. Según pudo averiguar #BORDER, prácticamente todos los hisopados dieron positivo. Se trata, de casi 30 trabajadores y 11 detenidos. Y toda la institución entró en situación de “aislamiento preventivo”.

Según el criterio sanitario, todos los contactos estrechos de los confirmados se consideran casos confirmados. Y contacto estrecho es todo aquel que haya estado en contacto con un caso positivo mientras éste tenía síntomas o los dos días previos, si es que no cumplió exhaustivamente todas las medidas de protección personal recomendadas; y todo el que haya estado a menos de dos metros de distancia de un caso confirmado durante más de 15 minutos mientras éste tenía síntomas o en los dos días previos. En las instituciones de encierro también es contacto estrecho toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados. Así, todo el personal y los detenidos alojados en este centro de Lomas, se consideran positivos de coronavirus.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires sigue de cerca esta situación. Los chicos permanecen alojados allí (ninguno fue internado), en cuatro módulos edilicios, al cuidado de personal administrativo, de enfermería y asistentes. Se los monitorea a diario y se encendieron las alertas para dotar al lugar –que depende de la Dirección de Institutos Penales, a cargo de Martín Mollo– con más elementos de bioseguridad e higiene.

EN MALVINAS ARGENTINAS

Otro de los institutos en la mira por la evolución de la pandemia por estos días es el Centro de Recepción de Pablo Nogués (Malvinas Argentinas). Hoy, murió un asistente de minoridad de este centro, que tenía coronavirus y estaba grave. En las últimas semanas de julio se había detectado allí un foco contagioso que implicó cambios en la dinámica del alojamiento y de las guardias de trabajo. Ahora, según pudo saber #BORDER, ya contrajeron coronavirus 11 trabajadores y otros 14 esperan resultados de tests. En cuanto a los detenidos, si bien algunos hisopados que se hicieron dieron negativo, hubo dos casos positivos hospitalizados y un enfermero está internado.

Ante lo delicado de la situación, el Ministerio de Salud está aplicando en este centro una dinámica de toma de muestras periódicas entre ambos grupos (detenidos y trabajadores), para monitorear la circulación del virus en la institución.

En el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, los centros de Recepción tienen la función de ser el primer lugar de alojamiento, inmediatamente después de la aprehensión de los adolescentes. Desde allí son derivados a centros cerrados y abiertos, o a comunidades terapéuticas. Es decir, estos centros cumplen una función similar a las alcaidías.

Hace algunas semanas la alcaidía de Abasto (La Plata) se cerró, porque a aveces había 10 chicos en una habitación de diez metros por tres. En su reemplazo se empezó a usar un pabellón del centro cerrado Almafuerte (La Plata) para alojar a los jóvenes recién detenidos; en ese espacio, más amplio, pueden estar aislados varios días antes de ser trasladados. 

En el Almafuerte hay casi 40 chicos a al cierre de esta nota, y anoche se produjo un intento de motín muy tenso. Según el diario Hoy, de La Plata, tomaron de rehén a un empleado y tenían varias demandas. Entre ellas, que se activara «el protocolo de coronavirus». La enfermedad no es el mayor problema en este centro, pero sí en los últimos días se contagiaron dos oficiales de policía que custodian el lugar.

ANTES Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), desde su subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Eva Asprella, hizo un pedido urgente a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) referido a la situación de los jóvenes detenidos. Sostuvo que “ante la pandemia actual y la sobrepoblación del sistema, el ingreso de nuevas personas y el sostenimiento de la cantidad actual de detenidos/as generaría un impacto mayor y perjudicial” en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense.

En consecuencia, la SCBA emitió una resolución que instaba a los jueces del Régimen Penal Juvenil a revisar la situación de los adolescentes privados de la libertad y la de aquellos que puedan ser detenidos de allí en más. La recomendación para los magistrados fue la de evaluar medidas alternativas al encierro, para descomprimir los institutos.

La resolución, firmada por el presidente, Eduardo de Lázzari, y el secretario Martín Lorat, subrayaba que el encierro en los institutos de menores debe ser siempre “la última herramienta, y que debe imponerse por el menor tiempo posible”. Y ordenaba a los jueces buscar medidas alternativas de toda índole (“cuidado, orientación, supervisión, libertad vigilada, programas de enseñanza y formación profesional, familias ampliadas, etc.”). La SCBA señala que todas estas revisiones deben apuntar a “la búsqueda de concesión de un plus de derechos para las/os niñas/os en conflicto con la ley penal, disminuyéndose así –en la contingencia– el número de detenidas/os”.

Por otro lado, el OPNyA informó a la Corte que se realizaba un plan de “vacunación, fumigación y cuidados extremos” para evitar la propagación del virus, y para atender la situación del sarampión y el dengue en la población de los jóvenes detenidos. Otra decisión que se tomó sobre esta vulnerable población fue suspender las visitas a los detenidos, hasta nuevo aviso, algo que se reemplazó por la opción de videollamadas.

En la provincia hay ocho centros cerrados y 14 centros de contención, donde los jóvenes en conflicto con la ley penal cumplen medidas de privación de la libertad en distintas modalidades. La problemática sanitaria en ellos es crónica, preexistente a la pandemia: forma parte de la delicada materia en la que trabaja una Mesa de Diálogo provincial formada en diciembre pasado por el hacinamiento carcelario en general.