Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza, presentará en las próximas horas una medida cautelar en la Justicia Federal para que el Gobierno nacional «ordene la inmediata suspensión de todos aquellos actos que comprometan los recursos del Estado Nacional más allá del término del mandato del actual presidente y se encuentren afectados por desviación de poder, ilegalidad o irrazonabilidad y/o cualquier otro vicio que determine su nulidad absoluta e insanable y, en concreto». La presentación fue realizada a través del abogado de Milei, Diego Spagnuolo, quien había hecho una presentación similar la semana pasada, en mesa de entradas de la Casa Rosada.
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Las medidas cautelares son resoluciones provisorias cuyo fin es garantizar la eficacia de la decisión final de un proceso. En este caso, esta medida cautelar se funda, según lo presentado por Milei, en «el interés subjetivo del cual soy titular al haber sido erigido como el candidato individualmente más votado y ganador de las elecciones PASO. Los resultados de esas elecciones, sin lugar a duda, dan cuenta de las altas probabilidades de resultar electo Presidente de la Nación y, por ende, ostentar la titularidad del PEN a partir del 10 de diciembre próximo (…) La medida cautelar tiene por objeto evitar graves perjuicios al erario y a la administración que probablemente deba asumir luego de las próximas elecciones, mi legitimación para solicitarla es evidente. Además, la apertura de la vía judicial y el reconocimiento de mi legitimación activa dada la alta probabilidad de ser quien deba conducir los destinos de la Nación a partir del 10 de diciembre se justifica en la inusitada gravedad institucional que revisten los actos y conductas materiales impetradas por el (aún) Gobierno Nacional», se lee en la presentación de los candidatos por La Libertad Avanza.
En la medida cautelar, Milei también solicita, entre otras cosas, evitar el pase de empleados públicos a planta permanente en varias dependencias, frenar las contrataciones, la designación de los más altos cargos jerárquicos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la revisión de los cuadros tarifarios de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, la adjudicación de contratos para la emisión y entrega de DNIs y pasaportes, y la licitación del espectro 5G.
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El caso recuerda a otro episodio, bastante reciente, donde Milei pedía que, a pesar de no ser aún presidente, le dejaran, dadas las chances de convertirse en primer mandatario, una situación económica y financiera más acorde a sus deseos. Fue la carta que Javier Milei y su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, le enviaron al ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa a mediados de septiembre, días antes de que se presentara el proyecto de Ley de Presupuesto del año 2024 el cual, de acuerdo a la Ley 24.156 de Administración Financiera, debe presentarse todos los 15 de septiembre. En la carta, Milei y Villarruel solicitaban que se postergara la presentación del presupuesto hasta que se conocieran los resultados de las elecciones generales.
«Dada la trascendencia de la discusión parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuesto de cara al nuevo período presidencial que se iniciará el 10 de diciembre de 2023, se solicita respetuosamente a esa Presidencia se sirva evaluar la posibilidad de dispensar transitoriamente al Poder Ejecutivo Nacional de la obligación dispuesta en el artículo 26 de la Ley N*24.156, mencionada más arriba, hasta el momento de haberse cumplimentado el acto eleccionario máxime teniendo en cuenta el competitivo performance electoral que nuestra fuerza demostró en las últimas elecciones», decía la carta.
Según argumentaba Milei, las PASO del 13 de agosto habían resultado en una paridad de preferencias por parte de la ciudadanía entre las fuerzas políticas mayoritarias, lo cual volvía a la discusión por el presupuesto algo mucho más crucial en términos de políticas monetarias, cambiarias y financieras. «Una vez concluida esta etapa, el Poder Ejecutivo Nacional podría remitir el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados en consenso con la fuerza política más votada en las elecciones del 22 de octubre de 2023, para su análisis y eventual sanción», concluía el pedido.
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