La investigación por una presunta maniobra millonaria con billeteras virtuales sumó un nuevo capítulo y vuelve a poner el foco sobre Albertina Mangini, la funcionaria del Ministerio Público bonaerense que permanece detenida y está acusada de haber integrado una estructura dedicada a captar personas vulnerables, utilizar sus datos biométricos y mover fondos de origen presuntamente ilícito.
Mientras la defensa intentaba mejorar su situación procesal mediante un hábeas corpus, la Cámara Penal de La Plata rechazó el planteo y dejó firme, por ahora, el escenario de detención que atraviesa la imputada. En paralelo, la fiscal Betina Lacki analiza la prueba incorporada al expediente y evalúa eventualmente requerir la prisión preventiva de Mangini.
La decisión de la fiscal será uno de los próximos movimientos centrales de una causa que investiga una operatoria que, según la hipótesis acusatoria, habría permitido movilizar alrededor de 27.000 millones de pesos en el término de un año.
La pesquisa está a cargo de la UFI N° 2 de La Plata y tiene como principal imputación la presunta participación de Mangini en una asociación ilícita vinculada con defraudaciones mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos. La investigación todavía busca determinar con precisión cuál fue el rol de cada uno de los integrantes de la estructura y cuál fue el destino final del dinero.
La fiscal analiza la prueba antes de definir la prisión preventiva
Después de los últimos movimientos judiciales, el expediente ingresó en una etapa clave. La fiscal Lacki continúa con el análisis de la evidencia reunida durante la investigación y de los elementos secuestrados en los distintos procedimientos realizados en el marco de la causa.
La hipótesis fiscal sostiene que la estructura habría funcionado al menos entre fines de 2023 y agosto de 2024. El mecanismo consistía, según la acusación, en captar personas económicamente vulnerables para obtener sus datos personales y biométricos y utilizarlos para abrir cuentas en billeteras digitales.
Uno de los casos que aparece como referencia dentro de la investigación corresponde a una persona a cuyo nombre se habrían abierto cuentas en Ualá y Mercado Pago. En aproximadamente un año, esas cuentas registraron movimientos por $172.242.946,68, una cifra que llamó la atención de los investigadores por resultar incompatible con el perfil económico de su titular.
La fiscalía sostiene que las denominadas cuentas "mulas" o "recaudadoras" eran utilizadas para recibir y transferir dinero y, posteriormente, derivarlo hacia otras cuentas y circuitos financieros.
Ahora Lacki deberá determinar si el conjunto de indicios reunidos alcanza para solicitar al juez una medida de mayor intensidad contra Mangini: la prisión preventiva.
La funcionaria ya fue indagada y se negó a declarar. Permanece detenida en una alcaldía porteña y fue suspendida preventivamente de sus funciones.
La Cámara Penal rechazó el hábeas corpus y seguirá detenida
La defensa de Mangini intentó modificar el escenario mediante un hábeas corpus, pero la Cámara Penal de La Plata rechazó el planteo.
De esta manera, la resolución de la alzada mantiene vigente la detención que había sido ordenada por el juez Agustín Crispo a pedido de la fiscal Betina Lacki.
El revés para la defensa llega mientras la fiscalía profundiza la investigación y analiza la evidencia para definir los próximos pasos procesales.
Mangini no es la única detenida. En la causa también fueron apresados Ignacio Marchioni y Mauro Perrota, mientras que la pesquisa continúa sobre otras personas que podrían haber tenido participación en la estructura investigada.
La investigación describe un mecanismo conocido como "smurfing" o "pitufeo", una técnica que consiste en fragmentar grandes cantidades de dinero en numerosas operaciones para dificultar su detección y ocultar el origen de los fondos.
Uno de los patrones que llamó la atención de los investigadores fueron las transferencias cuyos montos terminaban en ".12". Según la hipótesis incorporada al expediente, esa particularidad se repetía en las operaciones realizadas por los integrantes de la presunta organización.
La causa intenta establecer además cuál habría sido el origen de los fondos. Una de las hipótesis apunta al juego clandestino y, en particular, a un circuito en el que el dinero ingresaba a través de transferencias y posteriormente aparecía como supuestas ganancias de juego.
La aclaración del Gobierno: Mangini es empleada judicial
El caso tuvo además una derivación política e institucional. La detención de Mangini obligó al Gobierno de Axel Kicillof a salir públicamente a despegar a la funcionaria de la estructura del Poder Ejecutivo bonaerense.
El ministro de Justicia, Martín Mena, aclaró que Mangini no es una funcionaria política del Gobierno provincial.
"La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires", señaló Mena, según la información incorporada a la causa. Y precisó: "Es funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires" a cargo de Julio Conte Grand.
La aclaración buscó marcar una diferencia institucional central: Mangini pertenece al Ministerio Público y no al Poder Ejecutivo provincial.
Mangini ingresó al Ministerio Público en 2009, durante la gestión de la ex procuradora María del Carmen Falbo, y actualmente se encontraba suspendida preventivamente.
Por ese motivo, la administración de Kicillof quedó obligada a explicar que la mujer detenida no forma parte de la planta política del Ejecutivo.
El expediente administrativo y la causa penal avanzan por caminos paralelos. Sobre Mangini pesa un sumario disciplinario en la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento del Ministerio Público, que deberá establecer si incurrió en una infracción a sus deberes funcionales y, eventualmente, qué sanción corresponde.
A diferencia de lo que ocurriría con un magistrado, para una eventual exoneración de Mangini no sería necesario un juicio político: su condición de funcionaria judicial permite que, ante una eventual condena firme por hechos incompatibles con su función, pueda avanzar un procedimiento administrativo de desvinculación.
El circuito de las cuentas "mulas" y los millones bajo investigación
La investigación comenzó a reconstruir una estructura que, según la fiscalía, tenía distintos niveles y funciones.
La captación habría sido uno de los puntos centrales. Mangini habría tenido contacto con personas en situación de vulnerabilidad económica y les ofrecía dinero a cambio de entregar sus datos personales y biométricos.
De acuerdo con la investigación publicada sobre el expediente, en algunos casos se ofrecían $80.000 y las personas eran citadas en una confitería de la zona de Plaza San Martín, en pleno centro de la capital bonaerense. Allí se obtenían los datos necesarios para abrir cuentas digitales.
Otra reconstrucción de la pesquisa ubicó esos encuentros en un bar de la zona de 7 y 56, frente al fuero Penal donde se instruye la causa, donde los operadores tomaban fotografías, escaneaban rostros y utilizaban los datos para abrir cuentas.
Una vez creadas, las cuentas podían ser utilizadas para recibir transferencias, fragmentar los fondos y enviarlos hacia otros destinos.
La investigación detectó además que una de las cuentas analizadas registró más de $172 millones en movimientos durante aproximadamente un año. Ese dato constituye uno de los elementos que la fiscalía utiliza para intentar reconstruir la dimensión de la maniobra.
El circuito habría tenido otro eslabón: el dinero era derivado hacia un casino online ilegal y posteriormente regresaba al sistema bajo la apariencia de ganancias provenientes del juego.
De esa manera, siempre según la hipótesis fiscal, se buscaba cortar la trazabilidad de los fondos y dificultar la identificación de su verdadero origen.
Las financieras y el posible vínculo con el entorno de la AFA
Otro capítulo que mantiene bajo atención a los investigadores es el posible vínculo financiero de la estructura con empresas relacionadas con el mundo del fútbol.
En particular, la investigación publicada en abril señaló la posible utilización de Sur Finanzas dentro del circuito posterior de los fondos. La firma tuvo vínculos comerciales con la AFA y con clubes del fútbol argentino, aunque eso no implica que la Asociación del Fútbol Argentino esté imputada ni que exista, por sí solo, una conexión delictiva con sus autoridades.
Este punto es especialmente sensible porque alrededor de la causa aparecen referencias a estructuras financieras que podrían haber servido para darle apariencia legítima a dinero que previamente habría pasado por el circuito investigado.
La hipótesis que se intenta comprobar es si los fondos, luego de atravesar las cuentas de terceros y el circuito del juego ilegal, pudieron haber sido derivados hacia estructuras financieras o societarias para completar el proceso de lavado.
Por ahora, esa línea forma parte de las preguntas que la fiscalía busca responder y no de una conclusión definitiva del expediente.
Una investigación que todavía puede sumar imputados
La causa continúa abierta y la fiscalía no descarta que aparezcan nuevos involucrados. Además de Mangini, Marchioni y Perrota, otros financistas y empresarios permanecen bajo análisis. El objetivo es determinar quiénes participaron de la captación, quiénes manejaban las cuentas, quiénes recibían y redistribuían los fondos y quiénes pudieron intervenir en la etapa final del circuito.
La investigación ya identificó al menos dos presuntas víctimas y apunta a determinar si hubo más personas utilizadas para abrir cuentas digitales.
La magnitud económica de la maniobra es uno de los principales interrogantes. La pesquisa estima que en el período analizado se habrían movilizado alrededor de $27.000 millones.
La fiscalía deberá ahora transformar el volumen de información financiera, comunicaciones, movimientos digitales, testimonios y documentación secuestrada en elementos concretos que permitan definir las responsabilidades individuales.
En ese escenario, el próximo paso puede ser determinante para Mangini: Betina Lacki analiza la prueba reunida y deberá resolver si solicita la prisión preventiva de la funcionaria judicial.
Mientras tanto, la Cámara Penal ya rechazó el hábeas corpus presentado por su defensa y la mujer continuará detenida, mientras avanza una investigación que comenzó con unas pocas cuentas digitales y hoy intenta reconstruir una presunta maquinaria financiera de enormes dimensiones.
