Cruces entre familiares y la ministra de Seguridad, tras siete días sin información sobre el paradero del artesano que protestaba en Chubut junto a los mapuche. Las quejas del juez y el rol del jefe de Gabinete de Bullrich. Cronología de la presunta desaparición forzada de una persona en 2017.
Siete días pasaron desde la última vez que Santiago Maldonado fue visto con vida. Los testigos de la comunidad mapuche a la que el joven de 28 años -artesano y residente en El Bolsón- había ido a visitar señalan que cuando la Gendarmería reprimió a los tiros el reclamo de los originarios por la detención de su líder los manifestantes cruzaron el río Chubut escapando de las balas, pero que Santiago Maldonado no se atrevió. Entonces fue detenido por las fuerzas del orden. Desde ese momento nada se sabe de su paradero. Está desaparecido.
“No hay indicios de que la Gendarmería se lo haya llevado”, dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuando todos los testimonios apuntan a lo contrario. “La familia se negó a hablar con nosotros”, dijo Bullrich. En una entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum también dijo: “Los mapuche no se presentan a declarar ante el juzgado”.
“Nadie del gobierno nacional o provincial nos llamó para darnos contención o explicaciones sobre la desaparición de mi hermano”, retrucó Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido, en diálogo con #BORDER. La familia plantea que la hipótesis de una desaparición forzada es la prevalente y que por eso, este lunes 7 de agosto presentaron otro pedido de habeas corpus ante el juzgado federal de Guido Otranto, que entiende en la causa.
“No nos sentimos acompañados ni contenidos por este juzgado y rechazamos los dichos de Patricia Bullrich”, agregó Andrea Antico, cuñada de Maldonado. La familia de Santiago se encuentra firme en la búsqueda con vida de Santiago, a pesar de que haya indicios de que lo peor haya pasado: “La idea de que Santiago esté detenido de manera clandestina desde hace tantos días es muy terrible”
Por su parte, el juzgado de Otranto denunció que los mapuche que ocupan las tierras no permitieron el relevamiento del territorio para averiguar el paradero de Maldonado: “Han negado la posibilidad de realizar un rastrillaje con drones que ya habían arribado a esta ciudad para ser utilizados -dada la extensión y características de la zona- por personal capacitado en búsqueda de personas de la Policía Federal Argentina”.
Aquel día, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti se encontraba presente y coordinó el operativo represivo que concluyó con la desaparición de Maldonado.
Noceti sostiene que el pequeño grupo llamado RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) habría sido el autor de distintos hechos delictivos en Argentina y Chile. Si fuese así, ese pequeño grupo ya debería haber sido capturado y culpabilizado. “Hemos decidido organizar un organismo coordinado para detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que delincan o hagan cortes de ruta”, habìa dicho Noceti horas antes del operativo en el que culminó desaparecido Maldonado.
El diario Página 12 señaló que Noceti fue defensor de acusados por crímenes de lesa humanidad, a los que consideró como una “legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político”. El funcionario de Bullrich se reunió con los jefes de las fuerzas de seguridad de Chubut y con el gobernador Mario Das Neves. No hubo, al margen de las declaraciones de Bullrich, pronunciamiento de los funcionarios del Gobierno.
El lunes se realizó un acto frente al Congreso en el que se reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado que terminó en incidentes. Dejó dos imágenes: la de la violencia -camarógrafos heridos y móviles de televisión rotos- y la del uso de una consigna política que no tenía tamaña vigencia en el país desde los años de la dictadura.
