La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, ingresó en un punto de inflexión decisivo. El fiscal federal Gerardo Pollicita notificó formalmente la intimación para que el exfuncionario justifique el origen de sus bienes en un plazo perentorio de quince días hábiles, tras haberse detectado desfasajes significativos en el análisis de su evolución patrimonial y la de su entorno familiar directo.

La medida procesal se sustenta en las conclusiones de un exhaustivo dictamen técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) de la Corte Suprema. El informe contable confrontó las declaraciones juradas integrales presentadas ante la Oficina Anticorrupción con los movimientos bancarios, tributarios y registros de consumo consolidados desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la fecha de su renuncia al cargo ejecutivo el 27 de junio de 2026.

El informe contable de la DAFI y los puntos centrales bajo sospecha

El requerimiento fiscal, que consta de una extensión superior a las doscientas páginas, plantea un cuestionario exhaustivo diseñado para contrastar la capacidad contributiva real del exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti, con las erogaciones documentadas en el expediente. El documento judicial pone foco en las rectificaciones de las declaraciones juradas patrimoniales formuladas durante el ejercicio del cargo, así como en los gastos cancelados en moneda extranjera y las reformas concretadas en el inmueble familiar de Indio Cuá.

Uno de los ejes analíticos de mayor complejidad técnica está centrado en las operaciones vinculadas con criptoactivos. Los peritos de la fiscalía procuran verificar la trazabilidad y el origen de los fondos destinados a inversiones en divisas virtuales por una cifra estimada en doscientos mil dólares en Bitcoin, declarados por el propio investigado. El informe de la DAFI incluyó un cruce de datos sobre billeteras virtuales, plataformas de intercambio y acreditaciones bancarias para corroborar la existencia de respaldo documental legítimo.

El origen del expediente y las causas paralelas en los tribunales federales

La causa penal tuvo su origen a partir de una denuncia promovida por la diputada nacional Marcela Pagano, a la que posteriormente se sumaron ampliaciones impulsadas por otros integrantes del cuerpo legislativo. Los denunciantes imputaron la posible comisión del delito previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal, al sostener que el nivel de gastos y la incorporación de activos por parte del extitular de la Jefatura de Gabinete resultaban desproporcionados frente a la escala remunerativa de la función pública.

En forma paralela a la investigación por el patrimonio familiar, en el Fuero Federal tramita una pieza separada orientada a determinar la regularidad de contrataciones y traslados en vuelos privados concretados durante períodos festivos. Dicho expediente indaga la naturaleza de los vínculos comerciales de firmas proveedoras del Estado con el entorno del exfuncionario, en el marco de la verificación integral de posibles conflictos de interés y dádivas.