La jueza Karina Andrade, criticada por el Gobierno porque decidió liberar a 114 de los detenidos en la marcha de los jubilados, justificó la medida. Dijo que no le enviaron ni siquiera “la información básica” de la detención de esta gente y, además, que priorizó derechos, como por ejemplo el de manifestarse libremente, que tiene aval constitucional.

“Hice esta priorización de derechos, eso remarqué y fue mi decisión. Acá hay algo que se debe garantizar a los adultos mayores, la libertad de expresión, un derecho constitucional. Ese era el contexto. Tenía el ejercicio de un derecho constitucional, no me fue traído un contexto delictivo. Y se empiezan a generar detenciones que no me son comunicadas y pasaron horas. Además, cuando se informó no teníamos ni los datos del lugar. A mí no me informaron armas, yo lo resalté”, marcó Andrade, que fue señalada desde la Casa Rosada.

"Falta de información"

Luego agrego que “no se cumplía el procedimiento, es el ABC de las detenciones”, indicó Andrade en Radio Urbana Play sobre uno de los motivos por los cuales emitió una decisión de madrugada que dejó libres a 94 personas presas por la Policía de la Ciudad y a otras diez capturadas por las fuerzas federales.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo que pedirá una investigación contra ella en el Consejo de la Magistratura de la Capital.

Por su parte, Andrade indicó que ahora la fiscalía tendrá a cargo la investigación sobre cada una de estas personas y que, en caso de que así lo consideren en base a las pruebas, podrán pedir nuevamente la detención.

Mientras, insistió con que en ningún momento hubo algún aviso al Poder Judicial de que existía una sospecha previa de una situación delictiva orquestada con premeditación (como quiso marcar el Gobierno con respecto a la protesta) y que tampoco se pidió ninguna medida o allanamiento anterior a la marcha, sino que ella tenía notificado solo que iba a haber una manifestación.