El Gobierno de Javier Milei busca modificar la Ley 26.659, una normativa sancionada en 2011 que establece sanciones para quienes realicen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización. La iniciativa forma parte del paquete de medidas anunciado por el Presidente en su nuevo reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
La legislación fue aprobada por unanimidad durante el primer mandato de Cristina Kirchner y fue impulsada por el entonces senador Fernando “Pino” Solanas, motivo por el que también es conocida como “Ley Pino Solanas”. Aunque la norma no menciona específicamente a las Islas Malvinas, fue creada en respuesta a las actividades de exploración de hidrocarburos desarrolladas por el Reino Unido en aguas cuya soberanía reclama la Argentina.
Qué establece actualmente
La Ley 26.659 prohíbe que personas o empresas, tanto argentinas como extranjeras, desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental sin contar con una autorización otorgada por una autoridad argentina competente. Las restricciones también alcanzan a quienes tengan participación directa o indirecta en compañías que desarrollen esas operaciones. Además, la legislación impide brindar servicios de apoyo a las empresas que realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización, incluyendo operaciones comerciales, financieras, logísticas, técnicas y de asesoramiento.
Quienes incumplan pueden recibir una inhabilitación para operar de entre cinco y 20 años. También puede disponerse la reversión de las concesiones hidrocarburíferas al Estado nacional o a las provincias.
A su vez, las personas o empresas sancionadas quedan registradas en los organismos correspondientes y pierden de manera inmediata las exenciones y beneficios impositivos o previsionales que tuvieran. El Estado nacional, las provincias y los municipios tampoco pueden contratar con quienes estén alcanzados por las prohibiciones.
Las penas de prisión
La normativa fue reforzada en 2013 mediante la Ley 26.915, que incorporó sanciones penales. Desde entonces, realizar o encargar tareas de exploración de hidrocarburos sin autorización puede derivar en penas de entre cinco y diez años de prisión.
En los casos de extracción, transporte o almacenamiento, la pena puede elevarse hasta los 15 años. También están previstas multas y períodos de inhabilitación especial. Para las empresas, el régimen contempla sanciones económicas, suspensión de actividades y, en determinados casos, la cancelación de la personería jurídica. La intervención corresponde a la Justicia Federal.
El proyecto presentado por el Gobierno pretende ampliar las herramientas disponibles para sancionar a quienes participen de operaciones hidrocarburíferas no autorizadas. Entre las modificaciones previstas aparece la posibilidad de alcanzar no solo a las compañías operadoras, sino también a sus proveedores, accionistas y directores.
Además, se plantea impedir que los infractores puedan contratar tanto con organismos estatales como con empresas privadas dentro del territorio argentino. El proyecto también incorpora la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda.
La propuesta forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno frente a las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas. En paralelo, Milei firmó el Decreto 868/2026, que trasladó la autoridad de aplicación de la Ley 26.659 desde la Secretaría de Energía hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Con ese cambio, los organismos de la Administración Pública Nacional deberán informar a Cancillería cualquier situación que pueda constituir una infracción. El objetivo del Gobierno es acelerar los procedimientos para aplicar las sanciones previstas por la normativa.
