Los representantes del partido político de LLA presentaron este miércoles en la Legislatura porteña su propio proyecto de Ley Bases para la Ciudad de Buenos Aires, con el que esperan recortar a la mitad la cantidad de cargos jerárquicos en la administración local, bajar significativamente los impuestos y seguir con la privatización de diferentes organismos y la venta de inmuebles en desuso.
“Comparando el organigrama del Gobierno de la Ciudad en 2007 con el de 2024, en los últimos 16 años se duplicó el tamaño del Estado. El empleo público aumentó un 75% en los últimos 20 años. Creció más que en provincias como Santiago del Estero, donde la estructura del mercado laboral depende directamente del Estado”, explicó al respecto Pilar Ramírez, que está encabezando el proyecto y esta en contienda por la presidencia del bloque con Ramiro Marra.
En esta corriente, la legisladora precisó que en el territorio porteño “hay 2500 funcionarios con cargos políticos cobrando sueldos millonarios”, entre ministros, secretarios, subsecretarios, directores generales, gerentes operativos y coordinadores.
Con esta reforma, La Libertad Avanza propone reducir la cantidad de áreas de la Jefatura de Gobierno hasta la mitad, manteniendo solamente aquellas que sean “necesarias para garantizar la razonabilidad en la relación gasto público/exacción tributaria”.
En detalle del programa propuesto, el artículo 9 de este proyecto declara “sujeta a privatización” las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del gobierno local, entre estas posibles se encuentran Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E.
Para finalizar esto, se incorporó un artículo a la normativa de seguridad, para resaltar que, “en caso de encontrarse una persona menor de 13 años de edad” en las manifestaciones o movilizaciones, “sin estar en compañía de sus progenitores, tutores o representantes legales o se encontrare en situación de peligro inminente a su integridad física, la autoridad pública que así lo constate deberá cursar aviso al Organismo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires”.
Además, como se planteó la primera Ley Bases que se discutió en el Congreso, las organizaciones sociales, políticas o piqueteras “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”, por lo que deberán pagar los costos de arreglos o compensaciones correspondientes.
“Con este proyecto de Ley Bases no solo queremos terminar con la presión que pone el Gobierno de la Ciudad sobre los ciudadanos, sino también optimizar los recursos, que están totalmente desaprovechados”, comunicó la legisladora Marina Kienast.
Por el momento, la iniciativa solo cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza y de tres diputados del PRO que corresponden políticamente a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas y María González Estevarena.
