La oposición abrió un nuevo frente parlamentario contra Javier Milei y convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre. La agenda incluye tres asuntos que incomodan a la Casa Rosada: el intento de derogar el DNU 70/2023, los proyectos para atender el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
La convocatoria llega después de la controversia que generó el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la ley de tierras, que dejó vigente la disposición del decreto que eliminó las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. Los bloques opositores buscan aprovechar el impacto político de esa decisión para reactivar una discusión que permanece pendiente desde 2024.
La fecha elegida coincide con una nueva marcha federal universitaria, un factor que algunos legisladores consideran relevante para movilizar apoyos y facilitar la presencia de diputados en el recinto. Sin embargo, el número necesario para abrir la sesión todavía no está garantizado y las negociaciones con los sectores dialoguistas serán determinantes.
El DNU 70 vuelve al centro de la disputa parlamentaria
La iniciativa para derogar el megadecreto representa el principal desafío político de la convocatoria. El texto, firmado por Milei al comienzo de su gestión, modificó regulaciones de numerosos sectores de la economía y eliminó leyes vinculadas con el comercio, los alquileres, la salud, el transporte y el mercado inmobiliario, entre otras áreas.
El Senado rechazó el DNU el 14 de marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados nunca llegó a tratar su derogación. Esa falta de definición permitió que el decreto continuara vigente y dejó abierta la posibilidad de que la oposición volviera a impulsar el debate.
El reciente pronunciamiento de la Corte sobre la ley de tierras volvió a poner el tema en primer plano. Aunque el máximo tribunal aclaró que su decisión respondió a una cuestión procesal y no resolvió la constitucionalidad del régimen, la resolución reavivó los cuestionamientos sobre los efectos de la desregulación impulsada por el Ejecutivo.
En el oficialismo advierten que una derogación integral podría generar complicaciones administrativas y jurídicas, debido a la cantidad de normas que fueron modificadas o eliminadas. Por eso, en paralelo a las negociaciones parlamentarias, exploran alternativas para discutir aspectos puntuales sin tener que votar contra el decreto completo.
Una de las opciones en análisis consiste en incorporar un capítulo sobre tierras al proyecto de ley de Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Otra posibilidad sería incluir disposiciones sobre el tema en la iniciativa de Defensa de la Soberanía, que comenzó a debatirse en comisión. Ambas vías permitirían a los bloques aliados fijar una posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin acompañar necesariamente la derogación del DNU.
El endeudamiento expone las diferencias entre el oficialismo y la oposición
El segundo eje de la sesión será la situación de los hogares endeudados, un tema que también dejó al descubierto las diferencias entre los bloques. En el debate de comisión, el oficialismo y sus aliados consiguieron imponer un dictamen de mayoría que propone abordar el problema mediante herramientas de educación financiera, mayor transparencia en las tasas y prevención del sobreendeudamiento.
La propuesta libertaria considera que las deudas de los consumidores deben resolverse principalmente entre privados. Por eso, no contempla límites a los intereses, quitas de capital ni un esquema de refinanciación que implique costos para el Estado.
La oposición, en cambio, presentó iniciativas que buscan intervenir de manera más directa. Una de ellas, impulsada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas, propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un mecanismo de refinanciación para las deudas que no superen el equivalente a dos canastas básicas totales.
Ese esquema permitiría cancelar los compromisos en hasta 12 cuotas, con un límite para que los pagos no excedan el 30% de los ingresos del deudor. También contempla la eliminación de intereses punitorios para quienes ya se encuentren en mora.
Otra iniciativa, presentada por legisladores de Argentina Federal, plantea una emergencia de un año, prorrogable por otro, y fija límites a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que otorgan créditos al consumo. Además, crea un programa de desendeudamiento para personas que destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de cuotas y cumplen determinados requisitos salariales.
El proyecto oficialista será tratado primero si se abre la sesión. Para avanzar con las alternativas opositoras, sus impulsores deberán reunir los votos necesarios para rechazar el dictamen de mayoría, un escenario que todavía no está asegurado.
Discapacidad, otro foco de tensión entre Milei y sus aliados
La emergencia en discapacidad completa el temario y suma un nuevo capítulo a las negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques que acompañan al Gobierno en el Congreso.
La discusión se intensificó después de que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo incluyera un ajuste en el área, una decisión que generó tensiones dentro de la propia estructura oficialista y complicó las conversaciones con sus socios parlamentarios.
Tras varios días de negociaciones, el Gobierno modificó su propuesta inicial y alcanzó un acuerdo con distintos bloques aliados. El dictamen consensuado recupera aspectos centrales de la legislación de emergencia, como la actualización de las prestaciones, la compatibilidad de las pensiones con el empleo y el uso del Certificado Único de Discapacidad como vía de acceso a determinados beneficios.
La nueva redacción también establece que las partidas correspondientes deberán quedar contempladas en el Presupuesto, en lugar de depender exclusivamente de las reasignaciones que disponga la Jefatura de Gabinete.
El acuerdo reunió el respaldo de sectores de la UCR, el PRO, el MID, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, entre otros espacios. Ese acompañamiento le permitiría al oficialismo acercarse a la mayoría necesaria para aprobar su iniciativa, aunque todavía existen diferencias sobre algunos artículos.
Desde la oposición cuestionan especialmente la redacción de las condiciones de acceso a las pensiones. Advierten que la distinción entre invalidez laboral y discapacidad podría derivar en dos regímenes diferentes, con consecuencias sobre la cobertura y el acceso a prestaciones como las de Incluir Salud.
Incluso algunos aliados del Gobierno plantearon reparos sobre posibles interpretaciones de esos artículos y reclamaron precisiones antes de avanzar con su respaldo.
El quórum, la primera batalla de la sesión
La convocatoria fue firmada por diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques como los de Natalia de la Sota y Marcela Pagano. Sin embargo, los impulsores todavía necesitan sumar alrededor de 20 legisladores para garantizar el quórum.
Buena parte de las conversaciones apunta a los representantes que responden a gobernadores y que suelen acompañar algunas iniciativas del oficialismo, pero que también mantienen diferencias con la Casa Rosada en asuntos específicos.
La coincidencia de la sesión con la marcha universitaria y el impacto político del fallo sobre la ley de tierras forman parte del escenario que la oposición espera capitalizar. De todos modos, las diferencias internas sobre el endeudamiento y la discapacidad muestran que la construcción de una mayoría no será automática.
El 15 de octubre, el primer resultado se definirá antes de que comience el debate: si los bloques convocantes consiguen reunir los diputados necesarios para abrir el recinto. A partir de allí, cada uno de los tres proyectos tendrá su propia negociación y un desenlace todavía abierto.
