De acuerdo a un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), titulado el nivel de pobreza se ubicó en el 44,7% en tercer trimestre del año. La cifra es muy parecida a la del 2020, y es además la más alta desde 2006, (41,2 por ciento). Y cuando se mira la pobreza desde una óptica más amplia y multidimensional, la conclusión del informe, titulado “Argentina Siglo XXI: Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos”, es que el 67% de la población al menos sufre una carencia y el 28 % tres, o más.
Si bien en estas dos décadas ha habido algunas mejoras, como la reducción de la vivienda precaria de un 20 % al 13 % desde 2004, esto no es por construcción de vivienda pública, sino por mayor inversión propia de los hogares. El Estado sí pudo hacer mejorar el acceso a cloacas y agua corriente, pero no el alto hacinamiento en los hogares pobres. En tanto, el 35,7% de la población no tiene ningún acceso a la seguridad social y el 31,7% sufre carencias en la alimentación. Además, el 22,4% de la población pertenece a la categoría de pobre estructural, por ingreso y por 3 o más carencias. A pesar de que el discurso oficial resalta la inversión educativa sobre el PBI, este incremento del gasto no produjo una mayor igualdad ni calidad educativa.
Según el director del Observatorio, Agustín Salvia, más allá de quien haya resultado ganador en las recientes elecciones presidenciales, el proceso de ajuste de precios relativos era inevitable, y es que sin una baja significativa de la inflación será imposible que aumente la inversión privada y con ella el empleo estable. Salvia aclaró que el creciente gasto social de la última etapa, no ayudó a resolver ninguna de las causas de la debacle socioeconómica, aunque sí contuvo una explosión social, y consideró que la suba de 2 o 3 puntos en la pobreza que se puede prever para el año próximo no necesariamente se trasladará a un fenómeno similar al del 2001 gracias a la estructura institucionalizada de esas prestaciones. Otra de las conclusiones del informe es que la caída del desempleo abierto, muy destacada por el saliente gobierno de Alberto Fernández, no pudo contrarrestar el empeoramiento de la calidad del empleo ni el derrumbe del salario real.
Según el Observatorio, que tuvo un rol clave durante la manipulación de las estadísticas del Indec entre 2007 y 2015, puntualizó que hay un agotamiento del modelo surgido tras el fin de la convertibilidad, que estaba más basado en el consumo que en el desarrollo con inversión. Según Salvia hay una necesidad de modificación de las reglas de juego: en promedio desde el año 2000 el PBI per cápita creció 0,7, insuficiente frente a los desafíos que ya había en 2001″. Para comenzar a torcer esta trayectoria el país debería tener niveles de inversión superiores al 23%, frente al 19% actual, que rebotó respecto de las tasas previas por Vaca Muerta.
Los niveles de pobreza están en un techo alto desde el pico alcanzado en 2003-2004 –con la excepción de la pandemia-, mientras que la indigencia bajó levemente por la cobertura social. Pero esta aparente mejora no esconde el aumento de la inseguridad alimentaria severa ni de la pobreza infantil: El 16% de los niños son indigentes y el 62,9% son pobres.
Según Salvia, uno de los motivos de esto es que “el empleo se mantuvo estancado, con niveles raquíticos y un carácter regresivo por la caída del salario real. Solo en el primer semestre del 2023 cayó 8,3% el salario”.
Casi la mitad de la población recibe algún tipo de asistencia del Estado y, sin planes sociales la indigencia saltaría del 9,6% al 20,8% y la pobreza del 44% al 49%, según indicó el informe.
Sin embargo, según el especialista, no es cierto que la pobreza y el empleo informal hayan crecido por el aumento del gasto social, ya que desde su perspectiva el costo el costo económico de los programas sociales sigue siendo muy bajo desde el punto de vista del PBI. “No es la forma en que se pueda salir de la pobreza de ninguna manera y de hecho cristaliza una especie de economía y una cultura de la informalidad, pero cuando no hay empleos formales ni hay demanda agregada de empleo para que se ocupen puestos de trabajo, estos planes permiten la subsistencia de los sectores excluidos”, le contó Salvia al medio Infobae. También consideró que “el mundo de la informalidad que ha permitido mantener cierta paz social no dejó de provocar que una parte de la población se mantenga cautiva en materia de clientelismo político y ahora se ve el quiebre de ese vínculo porque el Estado no puede resolver la subsistencia de esos sectores. Y ahí también hay un quiebre social importante desde el punto de vista de la legitimidad política de los gobiernos kirchneristas o de corte más populista o distribucionista, que ha tenido como política el peronismo”.
El informe puntualiza que la inseguridad alimentaria severa – es decir, gente que no come – es del 27,1%. Se trata del nivel más alto desde 2004, salvo el pico del 36% de la pandemia. Respecto a los últimos dichos del presidente saliente, Alberto Fernández, que cuestionó que la pobreza se del 40 % alegando que la gente“miente al contestar al Indec para que no le saquen el plan”, Salvia considero que esto es falso, y que es más bien al revés: “Las clases medias-altas declaran menos, los pobres no”.
