El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, suspendió este miércoles la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril, días antes de la masiva marcha en protesta a la gestión de Javier Milei.
“Esto surge a partir del refuerzo que el Gobierno Nacional aprobó hoy tras las negociaciones con las autoridades de la Universidad”, expresaron las autoridades de la UBA mediante un comunicado.
“Este presupuesto está destinado exclusivamente al funcionamiento operativo de esta institución. De todos modos, continúa la preocupación por la cuestión salarial, investigación e infraestructura”, señala el documento.
En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior de la UBA manifestó: “Con el refuerzo asignado se ha incrementado el presupuesto para gastos de funcionamiento que oportunamente había sido prorrogado. Las resoluciones mencionadas implican una actualización de los gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto sancionado para la universidad en 2023 y de 300% para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculadas al área asistencial”.
Hace poco más de un mes, la casa de estudios se declaró en emergencia presupuestaria y decidió restringir los servicios de luz y gas en los espacios comunes. Las medidas se llevaron a cabo en reclamo ante la decisión del Gobierno de prorrogar los valores presupuestarios del año 2023 al 2024. Ese congelamiento de fondos derivó en la masiva movilización del 23 de abril.
La cuestión salarial
Resuelta una parte de este conflicto, las autoridades de la Casa de Estudios volvieron a expresar su preocupación por la cuestión salarial, investigación e infraestructura. Por ese motivo, es que en la misma resolución se declaró el «estado de alerta y profunda preocupación» en materia de recomposición salarial.
Se manifiesta la «urgente necesidad de arribar a un pronto acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los representantes sindicales de las Universidad Nacionales, tendiente a recomponer el ingreso de los trabajadores docentes y nodocentes a un salario justo; así como también respecto a las partidas restantes aún no actualizadas y/o discontinuadas, particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”.
