La cuarentena temprana que el año pasado impulsó el gobierno trajo por un lado una consolidación del sistema sanitario pero también controversias, como los perjuicios a ciudadanos que provocaron los cierres provinciales o arbitrariedades perpetradas por las fuerzas de seguridad que debían controlar su cumplimiento. Es que la primera estrategia del Ejecutivo fue cortar la circulación por los riesgos del coronavirus que, algunos opositores denominaron una “política sanitaria que apela al terror”. Desde el 20 de marzo se dispuso el número telefónico 134, para que la población reportara a los supuestos infractores del ASPO: en 2020 se registraron casi 44.000 denuncias, algunas que tuvieron su correlato en la justicia.
A los pocos meses de su aplicación, y causa del asesinato del tucumano Luis Espinoza por policías que lo vieron pasar un retén en una ruta, entre otros casos, el gobierno decidió darle otro uso a dicha línea telefónica y receptar hechos de violencia institucional: así se radicaron casi 200 denuncias por abuso por parte de las fuerzas de seguridad.
Pero durante la etapa más estricta de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la delación de supuestos infractores se hizo común. Fue así como no sólo se utilizó ese número de emergencia sino también las redes sociales para postear videos acusatorios: el del “Surfer” escrachado por no respetar la veda o el de la jubilada que decidió asolearse en los bosques de Palermo mientras era intimada por dos policías de la Ciudad, han resultado paradigmáticos. Es que en pleno temor por la pandemia, muchos ciudadanos justificaron dicha actitud delatoria y no observaron al 134 como una “línea vigilante”.
De acuerdo a la estadística de la Subsecretaría de investigación criminal y cooperación judicial del ministerio de Seguridad nacional, a la que tuvo acceso #BORDER por un pedido de Acceso a la Información, entre 20 de marzo y el 30 de noviembre se recibieron 44.379 denuncias al citado número de emergencia por la supuesta violación a la cuarentena.
Denuncias vinculadas a infracciones al “Aislamiento social preventivo y obligatorio” (ASPO), por mes (2020):
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Cuando este medio quiso saber qué cantidad de llamados se recibieron a la línea 134 por casos de violencia institucional en el marco de la cuarentena, dicho organismo respondió que “entre el 20 de marzo y el 31 de octubre se registraron 199 denuncias que involucran a fuerzas policiales o de seguridad por hechos de violencia institucional en todo el país”. Pero no descarta que hayan existido más casos. «Cabe consignar que la desagregación de casos denunciados de violencia policial que hayan ocurrido específicamente en el marco del ASPO implica un procesamiento de datos de mayor complejidad para la obtención de la información», argumentó.
A fines de noviembre pasado, #BORDER había publicado que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación labró 885 actuaciones por denuncias de personas vulneradas en sus derechos desde el 20 de marzo pasado por casos de abusos policiales, incumplimientos en los servicios penitenciarios o falta de contacto con defensores oficiales. Entre las causas de los reportes, no figuraron los casos de cierres provinciales o los “toques de queda” dispuestos por algunos gobernadores que provocaron episodios cruentos, como el padre que no pudo despedir a su hija, Solange Musso, que murió en Córdoba, o la pequeña Abigail, una paciente oncológica de 12 años que tuvo que ser cargada por su padre para poder entrar a pie a Santiago del Estero.
