El escenario político nacional suma un nuevo foco de confrontación entre las provincias y el Poder Ejecutivo. En una entrevista concedida este lunes a El Destape, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó duras advertencias dirigidas a los inversores internacionales y nacionales ante la posibilidad de un cambio de signo político en los próximos comicios presidenciales.
El mandatario provincial aseveró que un eventual gobierno del espacio peronista someterá a revisión la totalidad de las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei, señalando que se avanzará en la estatización o expropiación de aquellos activos y sectores que consideren estratégicos.
En su diagnóstico sobre la realidad económica, el dirigente riojano cuestionó de forma categórica los indicadores de desaceleración inflacionaria y recuperación de la actividad que exhibe el Gabinete nacional: “No hay un solo sector social que se haya beneficiado con este modelo. Lo que dicen sobre la economía es totalmente falso”, afirmó el mandatario provincial durante el reportaje.
La interna partidaria y la búsqueda de la unidad hacia 2027
Las declaraciones de Quintela se dan en el marco de una serie de maniobras políticas orientadas a reordenar al Partido Justicialista. A fines de julio, el gobernador riojano encabezó un encuentro institucional en su provincia con el objetivo de reunir a las distintas vertientes de la oposición, en una actividad que contó con la presencia del diputado Máximo Kirchner y referentes del massismo y el kirchnerismo, aunque registró la notable ausencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Resistencia en el Senado por la Ley de Tierras
La postura confrontativa del mandatario riojano concuerda con la posición de sus representantes en el Congreso Nacional, donde el Senado se alista para tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La propuesta, diseñada por la Secretaría de Transformación del Estado, busca desregular la adquisición de inmuebles rurales por parte de capitales extranjeros y acelerar los procesos judiciales de desalojo.
Desde el bloque de senadores que responde a Quintela ratificaron su oposición rotunda a la iniciativa, argumentando que la flexibilización de los límites a la propiedad en zonas limítrofes compromete la soberanía sobre los recursos naturales y las áreas de frontera.
