El Gobierno nacional anunció la eliminación del 40% de los registros del automotor y flexibilizará diferentes normas. La decisión fue tomada esta mañana por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en línea con los resultados de la primera etapa de la auditoria.
Los controles fueron realizados por la Dirección Nacional de los Registros de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA). Según el gobierno el objetivo de la medida es “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”.
Mediante un comunicado, indicaron que desde este viernes “inicia la segunda etapa de la auditoría”, cuyo objetivo es “revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”.
Cuáles son los cambios que aplicó el Gobierno en los Registros del Automotor
Desde la cartera que conduce Cuneo Libarona se enumeró una serie de cambios en la DNRPA. La decisión se da a partir de la primera etapa de la auditoría que busca “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”.
Las medidas en cuestión son:
- Cierre del 40% de los Registros Automotores. Se iniciará por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego los restantes.
- Reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un “plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.
- Eliminación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA) para la compraventa de autos usados (algo que ya sucedió).
- Se elimina la “cédula azul” a partir de mayo. Así, cualquier persona podrá circular dentro de Argentina al exhibir la cédula verde del titular de forma digital o física.
- Las cédulas verdes no tendrán vencimiento.
- Se digitalizarán todos los legajos de los vehículos, para constituir un “registro digital único y completo”. También la verificación policial de vehículos pasará a ser digital.
- Se deroga el régimen que “impone el monopolio de la Casa de la Moneda” en la compra de insumos.
- Aumentará el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.
Por otro lado, los titulares de los registros seccionales se harán cargo de todos de sus costos operativos, “adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad”. Así, el Ministerio de Justicia podrá controlar la estructura de costos de los Encargados de Registros.
Además, el Gobierno nacional informó que se les realizará una propuesta a las provincias acerca de “la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales”, para reducir el costo de las “operaciones registrales”.
