La noticia fue dada por el periodista de La Nación Carlos Pagni: un documento proveniente de EEUU vuelve a poner sobre la mesa el tema del dinero negro de los funcionarios argentinos. El abogado Dennis Hranitzky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para pedirle que le solicite al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y funcionarios s de la Argentina, particularmente de la provincia de Buenos Aires.
En plena campaña presidencial, y en un contexto donde estallan casos como el de “Chocolate” Rigau y el Escándalo Insaurralde, el modo en el que se financia la política en la provincia continúa siendo uno de los ejes de la conversación pública actual. Esto complicaría, en principio, al ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, ya que la denuncia superpone dos planos críticos para el oficialismo: el caos financiero y la corrupción en la Provincia de Buenos Aires.
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Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el pasado 29 de marzo ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35,092,958.41. Se trata de bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López.
Según la presentación de Hranitzky ante el tribunal de Manhattan, Bank of New York Mellon, Pershing y American Express estarían obligados a proporcionar los registros de transacciones electrónicas realizadas a través de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), una red de cooperación financiera radicada en Bélgica. Esto fue gracias a un procedimiento previsto por las leyes estadounidenses que consiste en que un imputado está obligado a publicar toda la información relacionada con una demanda, llamado “discovery”. Otras ocho entidades financieras ya proporcionaron novedades respecto al caso: según ellos, Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, y Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense, “parecen haber movido cientos de miles de dólares, dentro y fuera de la Argentina, en los últimos dos años”. Montaña depende del ministro Sergio Berni. Benítez, del ministro Leonardo Nardini. Otro funcionario de Kicillof puesto bajo la lupa de este escrito es Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, quién “aparentemente transfirió enormes sumas de dinero a una cuenta bancaria suiza”.
El escrito nombra también a la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno de Kicillof. De acuerdo a lo expuesto por Hranitzky, Bazán figura en los Papeles de Pandora, documentos filtrados en octubre de 2021 a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Según lo expuesto por el abogado de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan mientras Sergio Massa impuso controles de capital el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, utilizó “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”.
Pero hay más, no solo hay funcionarios del Estado involucrados, sino también “corporaciones con conexiones políticas”, como la Corporación América, “un operador aeroportuario multimillonario dirigido por Martín Eurnekian, ha movido varios millones de dólares de cuentas bancarias suizas a Argentina”, y que “estuvo implicado en los infames Cuadernos, que expusieron una red masiva de sobornos controlada por Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y presidenta de Argentina de 2007 a 2015″.
El abogado se refirió también al Escándalo Insaurralde para demostrar ante el tribunal el uso indebido de fondos que podría documentarse en caso de que el Bank of New York Mellon, Pershing y American Express liberaran sus archivos. “Fue fotografiado disfrutando de lujos que legítimamente no podía permitirse”, acusa Hranitzky frente a la jueza Vyskocil, y menciona también que habría pagado 20 millones de dólares en un acuerdo de divorcio al separarse de su ex pareja, Jésica Cirio. El escrito también menciona la versión de que esa suma se habría movido a través de la firma uruguaya Pro Capital, del financista Miguel Sulichin, que dirige también Advise Wealth Management, y va en línea con lo denunciado por la senadora de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico.
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La exposición de Hranitzky ante el tribunal neoyorkino pone en el foco a Allaria, descripta como “una firma de corretaje bien conectada”, la cual habría realizado operaciones sospechosas, sobre todo “por la utilización de información privilegiada en la recompra de bonos soberanos por parte de la Anses”. El titular de la firma, Ernesto Allaria, aparece en esta descripción como alguien con un ascenso patrimonial infrecuente debido a ser “cercano a la familia Kirchner”.
No es la primera vez que Hranitsky se refiere en sus investigaciones a funcionarios argentinos. En 2012 consiguió el embargo de la Fragata Libertad en el puerto de Ghana, en nombre de un grupo de holdouts que demandaron a la Argentina; y en 2020 fue el líder de los bonistas que negociaron exitosamente la reestructuración de títulos propuesta por Martín Guzmán.
La presentación de Hranitsky compromete tanto a Massa como a Javier Milei. Menciona a Massa como jefe directo de Mendiguren, pone en la vidriera judicial a funcionarios bonaerenses como Montaña, mano derecha de Berni, que ya protagonizó algunos escándalos, por ejemplo, cuando se desempeñaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y debió presentar su renuncia ante Daniel Arroyo. Pero cuando Hranitsky menciona a Corporación América está refriéndose a la compañía más cercana a Javier Milei, donde el candidato además trabajó como economista, en Aeropuertos Argentina 2000.
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