El Gobierno de Javier Milei profundizó su estrategia para defender el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y puso el foco en las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. El canciller Pablo Quirno advirtió que aquellas compañías que desarrollen operaciones en las islas podrían enfrentar restricciones para participar de negocios considerados estratégicos dentro de la Argentina, entre ellos los proyectos de Vaca Muerta.
El funcionario también confirmó que Chile respalda la posición argentina y aseguró que ese apoyo contempla un eventual pedido de asistencia logística para las actividades vinculadas con las Malvinas.
Las declaraciones se produjeron después del anuncio realizado por Milei en cadena nacional, donde presentó un conjunto de medidas destinadas a reforzar la posición argentina frente al avance de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas cercanas al archipiélago.
Qué empresas quedarían alcanzadas por las nuevas medidas
Uno de los principales focos del Gobierno está puesto sobre el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en las Malvinas por Rockhopper Exploration y la compañía israelí Navitas Petroleum.
Sin embargo, el alcance de la estrategia oficial no se limitaría a las operadoras. Quirno señaló que también podrían quedar involucradas empresas que les brindan servicios petroleros, financieros, de seguros y logística.
El problema para el Gobierno argentino radica en que varias de esas compañías tienen actividad tanto en las islas como en el territorio continental argentino. Por ese motivo, la Casa Rosada busca utilizar el acceso al mercado local como una herramienta de presión para desalentar la participación empresarial en proyectos hidrocarburíferos desarrollados en el área cuya soberanía reclama la Argentina.
“Las empresas van a tener que decidir si operan en Malvinas, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a Argentina a hacer sus negocios”, planteó Quirno.
La advertencia adquiere especial relevancia por el potencial de Vaca Muerta, uno de los principales polos de inversión energética del país y un sector que el Gobierno considera estratégico para atraer capitales y aumentar la producción de hidrocarburos.
El Gobierno modificó el esquema de sanciones para acelerar los controles
Milei anunció además un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) destinado a agilizar el mecanismo de sanciones previsto en la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en territorios sujetos a disputa de soberanía.
Quirno confirmó que el decreto ya fue firmado y publicado en el Boletín Oficial.
Uno de los cambios incorpora una exigencia específica para las compañías que pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A partir de ahora, los proyectos que busquen ingresar al esquema deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que no infringen ni infringirán las disposiciones de la Ley 26.659.
El Gobierno pretende de esta manera vincular los beneficios destinados a grandes inversiones con el cumplimiento de las normas argentinas sobre actividades hidrocarburíferas en territorios disputados.
El respaldo de Chile al reclamo argentino por Malvinas
En medio del nuevo escenario diplomático, Quirno destacó especialmente el respaldo recibido de Chile.
Según explicó el canciller, el gobierno de ese país manifestó su disposición a respaldar a la Argentina ante un eventual pedido de apoyo logístico relacionado con las Malvinas.
La posición chilena había sido destacada por el Gobierno luego del encuentro entre Milei y el presidente chileno, José Antonio Kast. Para la administración argentina, el respaldo constituye un elemento relevante dentro de su estrategia para fortalecer el reclamo de soberanía en el ámbito regional.
La cuestión de las Malvinas volvió así a ocupar un lugar central en la agenda exterior del Gobierno, con una combinación de medidas diplomáticas, económicas y de defensa.
La Base Naval de Ushuaia vuelve al centro de la estrategia
Dentro del paquete anunciado por Milei también aparece la reactivación de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, una obra que había comenzado en 2022 y posteriormente quedó interrumpida.
El Gobierno asignó recursos al Ministerio de Defensa para avanzar con el proyecto y plantea a Tierra del Fuego como un punto estratégico para la presencia argentina en el Atlántico Sur.
Quirno sostuvo que la ubicación tiene importancia no solo por su cercanía con las Malvinas, sino también por su conexión con la Antártida y por las posibilidades de vigilancia y control sobre el espacio marítimo argentino.
Ante las versiones que relacionaron el proyecto con un eventual interés de Estados Unidos, el canciller negó que la decisión haya sido acordada con Donald Trump. “Nosotros tomamos las decisiones por nuestro propio interés, defendiendo los intereses argentinos”, afirmó.
Quirno negó un conflicto diplomático con Israel
La participación de Navitas Petroleum en Sea Lion abrió otro frente para el Gobierno, debido a los vínculos estratégicos que la administración de Milei mantiene con Israel.
Quirno buscó desactivar cualquier posibilidad de un deterioro en la relación bilateral. Según explicó, las autoridades israelíes ya fueron informadas sobre las medidas adoptadas por la Argentina y el embajador argentino en Tel Aviv recibió instrucciones para transmitir las comunicaciones diplomáticas correspondientes.
El canciller sostuvo que las sanciones relacionadas con las actividades en Malvinas no afectarán la relación entre Argentina e Israel y aseguró que el Gobierno espera incluso contar con el respaldo israelí a la posición argentina.
Cancillería envió 180 notas a 29 países
La ofensiva diplomática también alcanzó a las empresas que mantienen vínculos comerciales con las compañías involucradas en Sea Lion.
La Cancillería argentina informó el envío de 180 notas diplomáticas a 29 países con el objetivo de advertir sobre las consecuencias que podrían enfrentar los proveedores de servicios de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, ambas alcanzadas por las sanciones.
La medida busca ampliar el efecto de las nuevas disposiciones más allá de las compañías que operan directamente en el proyecto petrolero.
El Gobierno prepara una nueva ley para reforzar la defensa de la soberanía
El paquete de medidas no se limitará al DNU. La administración Milei también anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa contempla un endurecimiento de las penas, una ampliación de las actividades que podrían ser sancionadas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
Quirno defendió el conjunto de decisiones y rechazó que tengan relación con el calendario electoral. Según planteó, se trata de una política de Estado vinculada con la posición que la Constitución argentina establece sobre las Islas Malvinas.
En paralelo, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de que Milei viaje al Reino Unido. El canciller aseguró que la Argentina continuará llevando su posición sobre la soberanía de las islas a todos los ámbitos internacionales disponibles.
