En medio del renovado conflicto diplomático por la soberanía de las Islas Malvinas, el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto de ley que apunta directamente a uno de los acuerdos económicos que vinculan a la Argentina con el Reino Unido.
La iniciativa propone que el Gobierno de Javier Milei denuncie el convenio bilateral para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el capital. El acuerdo fue firmado en Buenos Aires el 3 de enero de 1996, durante la presidencia de Carlos Menem.
Según Michel, ese convenio establece condiciones tributarias favorables para compañías británicas que obtienen ingresos en territorio argentino y representa un costo para las cuentas públicas de aproximadamente USD 50 millones por año.
“Si el gobierno quiere tener una herramienta de negociación seria, y no solo hacer anuncios para la tribuna, puede dejar sin efecto los beneficios fiscales de las empresas inglesas por sus actividades en Argentina”, sostuvo el legislador.
Qué establece el convenio de doble imposición
El acuerdo fija límites a las retenciones que Argentina puede aplicar sobre determinados ingresos obtenidos por empresas y contribuyentes del Reino Unido. Entre ellos aparecen dividendos, intereses y regalías.
Michel sostiene que el esquema tuvo un uso considerablemente mayor por parte de contribuyentes británicos que por argentinos. De acuerdo con los datos citados por el diputado, más de 500 contribuyentes del Reino Unido utilizaron los beneficios previstos en el convenio durante los últimos años, mientras que fueron pocos los contribuyentes argentinos que accedieron a un tratamiento equivalente.
El proyecto plantea que la Argentina utilice la posibilidad de revisar el acuerdo como una herramienta dentro de la disputa diplomática por las islas.
El vínculo con la explotación de recursos en Malvinas
La propuesta aparece en un momento en el que el Gobierno nacional volvió a endurecer su discurso sobre las actividades económicas desarrolladas en las zonas bajo disputa de soberanía.
Michel cuestionó que el Reino Unido continúe autorizando operaciones vinculadas con la explotación de recursos naturales, especialmente petróleo y pesca, sin contar con autorización argentina.
En ese contexto, el diputado planteó que mantener beneficios tributarios para empresas vinculadas con capitales británicos resulta contradictorio con una política de mayor presión sobre el Reino Unido.
“Es hora de cortar con estos privilegios para contribuyentes de un país que no respeta a la Argentina”, afirmó.
La iniciativa coincide con el giro de Milei sobre Malvinas
El proyecto del diputado peronista se conoció después de que Milei anunciara una nueva estrategia para endurecer las sanciones contra empresas que participen en la explotación de recursos naturales en áreas cuya soberanía reclama la Argentina.
El Presidente anticipó por cadena nacional que enviará al Congreso una iniciativa destinada a modificar el régimen de sanciones y ampliar el alcance de las penalidades para las compañías involucradas en esas actividades.
La decisión oficial puso nuevamente a las empresas que operan en el área de Malvinas en el centro de la discusión política y económica.
Rockhopper y Navitas, bajo la lupa
Uno de los principales focos del conflicto está puesto sobre el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas y desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la compañía israelí Navitas Petroleum.
Michel cuestionó que el Gobierno de Milei haya dejado sin efecto, en los hechos, las sanciones que la administración de Alberto Fernández había aplicado en 2022 contra esas empresas.
Según el planteo del diputado, esa modificación de la política argentina habría facilitado el acceso al financiamiento necesario para avanzar con el proyecto. Las propias comunicaciones difundidas por la compañía de Gideon Tadmor hicieron referencia a la posición adoptada por el Gobierno argentino.
La discusión suma así un nuevo componente al reclamo por Malvinas: además de las medidas diplomáticas y las sanciones sobre empresas que operen en el área en disputa, ahora aparece sobre la mesa la posibilidad de revisar los beneficios fiscales que reciben compañías británicas que desarrollan actividades en Argentina.
