El Gobierno de Javier Milei enfrenta una contradicción difícil de disimular en plena ofensiva contra las empresas que participan de la explotación hidrocarburífera en Malvinas. Mientras la Casa Rosada busca endurecer su posición frente a las compañías que operan en las islas, una petrolera británica con antecedentes sancionatorios por actividades en el Atlántico Sur quedó integrada a uno de los proyectos energéticos beneficiados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Se trata de Harbour Energy, que posee el 15% de Southern Energy, la sociedad que impulsa un ambicioso proyecto de exportación de gas natural licuado desde las costas de Río Negro. La iniciativa fue incorporada al RIGI durante 2025, con acceso a beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios.
El problema aparece al reconstruir la historia corporativa de Harbour. La compañía es el resultado de una operación que involucró a Premier Oil, petrolera que en 2013 fue declarada clandestina e inhabilitada por el Estado argentino por desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental vinculadas con Malvinas sin autorización nacional.
La controversia no es solamente política. La Ley 26.659 establece restricciones para las empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización. Por eso, el punto central que ahora queda planteado es si aquella sanción continuaba vigente cuando Harbour ingresó al mercado argentino y, posteriormente, cuando Southern Energy obtuvo los beneficios del RIGI.
La huella de Premier que aparece en los documentos de Harbour
Uno de los principales argumentos alrededor del caso surge de la propia documentación societaria de Harbour Energy. La transformación de Premier Oil en la actual estructura de Harbour quedó registrada en documentos presentados ante sus accionistas.
En la portada de la documentación vinculada con la operación puede leerse que Premier Oil PLC pasaría a denominarse Harbour Energy PLC. La sociedad mantuvo, además, el mismo número de registro corporativo escocés, SC234781.
La operación se concretó mediante una estructura conocida como reverse takeover, a través de la cual Premier adquirió Chrysaor y terminó conformando el grupo que actualmente opera bajo la marca Harbour Energy. La cotización londinense de Premier continuó y los accionistas de las compañías involucradas pasaron a controlar la nueva estructura.
La industria petrolera sostiene, sin embargo, que esa continuidad societaria no alcanza para equiparar automáticamente a ambas compañías. El argumento de las fuentes empresarias es que la operación modificó sustancialmente la composición accionaria y generó una empresa diferente, por lo que no correspondería trasladar a Harbour las sanciones que habían recaído sobre Premier.
La discusión adquiere especial relevancia porque la propia documentación corporativa de la época menciona expresamente a las Islas Falkland y al proyecto Sea Lion, uno de los activos hidrocarburíferos que Premier desarrollaba en Malvinas.
Una sanción argentina que nació por las operaciones en Malvinas
El antecedente que complica a Harbour se remonta a 2013. En mayo de ese año, la Secretaría de Energía determinó que Premier Oil desarrollaba actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental y calificó esas operaciones como clandestinas.
Meses después, la Resolución 481/2013 estableció la inhabilitación de Premier Oil PLC durante quince años para desarrollar actividades en la Argentina. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y contemplaba además la comunicación de los antecedentes al Ministerio Público Fiscal.
El punto que hoy vuelve a poner aquella resolución bajo la lupa es que no surge, al menos de la documentación analizada, un acto administrativo posterior que haya dejado expresamente sin efecto la inhabilitación.
Desde el sector empresario sostienen una interpretación diferente. Según esa postura, Premier dejó atrás su participación en Malvinas y la sanción nunca llegó a tener efectos prácticos sobre Harbour. Bajo esa lógica, la posterior autorización de actividades de la compañía en Argentina demostraría que el Estado había considerado superado el conflicto.
Especialistas en derecho regulatorio consultados para el caso plantean, en cambio, que una autorización posterior no implica necesariamente la revocación de una sanción anterior. Para que una inhabilitación quede sin efecto debería existir un acto administrativo que así lo establezca.
Harbour siguió vinculada a Sea Lion durante años
La cronología de la salida de Malvinas es otro de los elementos que alimentan la controversia.
Aunque Premier Oil quedó involucrada en la reorganización que dio origen a Harbour Energy, la nueva compañía no se desprendió inmediatamente de sus activos en las islas. Harbour continuó vinculada al proyecto Sea Lion hasta septiembre de 2022.
Ese año se completó la transferencia de las licencias del North Falkland Basin a Navitas Petroleum, que ingresó como nuevo operador junto con Rockhopper Exploration. Harbour se desprendió de su participación por un valor simbólico, mientras que la operación contempló la transferencia de pasivos asociados al proyecto.
Ese dato abre una discusión sobre cómo debe computarse el plazo de la inhabilitación de 2013. Una interpretación sostiene que los quince años deberían contarse desde la resolución original, lo que llevaría el vencimiento a 2028. Otra lectura considera que el plazo debería computarse desde el momento en que terminó efectivamente la conducta que originó la sanción, lo que llevaría el período hasta 2037.
La diferencia no es menor. En cualquiera de los dos escenarios, la cuestión resulta relevante para analizar la situación de Harbour al momento de su desembarco en Argentina y de su incorporación al RIGI.
El Gobierno le abrió la puerta al RIGI
Harbour ingresó como accionista de Southern Energy, compañía que desarrolla un proyecto destinado a producir y exportar GNL a partir del gas de Vaca Muerta.
En abril de 2025, el entonces ministro de Economía Luis Caputo firmó la resolución que incorporó a Southern Energy al RIGI bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.
El régimen contempla un conjunto de beneficios destinados a grandes inversiones, entre ellos ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias. La aprobación también puso en marcha los procedimientos necesarios ante organismos como ARCA y el Banco Central para que el proyecto pudiera acceder a esos beneficios.
Harbour posee el 15% de Southern Energy. Por lo tanto, aunque la petrolera no sea la totalidad del proyecto, participa directamente de una sociedad que recibió el respaldo del régimen creado por el gobierno de Milei para atraer grandes inversiones.
Ahí aparece la pregunta que atraviesa el expediente: ¿cómo se verificaron los antecedentes de una empresa cuya estructura societaria estaba vinculada con una compañía que había sido sancionada por Argentina por operar en Malvinas?
El agujero negro de los controles del RIGI
La aprobación del proyecto involucró distintas instancias administrativas. La Secretaría de Energía elaboró el análisis técnico, intervino la Unidad de Coordinación RIGI y el Comité Evaluador recomendó finalmente la aprobación del proyecto.
El expediente también pasó por el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía antes de la resolución firmada por Caputo.
La existencia de todas esas instancias vuelve especialmente relevante determinar si la situación de Harbour fue analizada de manera específica. En particular, si se revisó la Resolución 481/2013, si se consultaron los antecedentes vinculados con Premier Oil y si hubo intervención de organismos con competencia en cuestiones relacionadas con la explotación hidrocarburífera en Malvinas.
También queda por determinar si existe algún dictamen jurídico que haya establecido que la participación de Harbour en Southern Energy resultaba compatible con la legislación argentina pese a sus antecedentes.
Si ese análisis existió, su contenido resulta central para despejar la controversia. Si no existió, el caso podría abrir interrogantes sobre la profundidad de los controles aplicados antes de otorgar los beneficios del RIGI.
La llegada de Harbour a la Argentina suma otra fecha clave
La petrolera comenzó a tener una presencia formal más relevante en el mercado argentino a partir de la adquisición de los activos internacionales de Wintershall Dea, concretada en 2024.
Ese desembarco obligó a la compañía a vincularse con distintas autoridades argentinas y a realizar los trámites correspondientes para operar localmente. Según la documentación relevada, su alta impositiva en el país también se produjo durante ese año.
Para especialistas en regulación energética, ese momento representaba una oportunidad concreta para revisar los antecedentes de la compañía y determinar si existía algún impedimento derivado de la antigua sanción contra Premier.
La cuestión vuelve a llevar el caso más allá del RIGI. Si Harbour podía o no participar de actividades hidrocarburíferas en Argentina debió ser, en principio, una cuestión a evaluar antes de que la compañía quedara incorporada a un proyecto de semejante magnitud.
La contradicción que deja expuesto al Gobierno
El caso adquiere una dimensión política mayor porque el propio Gobierno viene colocando la defensa de los intereses argentinos sobre Malvinas en el centro de su discurso energético.
Milei anunció una posición más dura frente a las empresas extranjeras que explotan hidrocarburos en las islas, mientras su administración terminó otorgando beneficios extraordinarios a un proyecto argentino en el que participa una compañía con una historia societaria estrechamente vinculada a una de las petroleras sancionadas por esas mismas actividades.
La contradicción no implica por sí sola que exista una infracción penal. Pero sí plantea interrogantes administrativos y jurídicos que el Gobierno deberá responder, especialmente si la inhabilitación de 2013 continuaba vigente al momento de la aprobación del proyecto.
El punto decisivo será establecer qué entendieron los organismos públicos por la relación entre Premier Oil y Harbour Energy y, sobre todo, qué documentación utilizaron para concluir que la participación de Harbour en Southern Energy no generaba impedimentos.
El funcionario que queda bajo la lupa
Dentro del circuito energético oficial, uno de los nombres que aparece asociado a la gestión de estos expedientes es Daniel González, funcionario de confianza de Luis Caputo y uno de los hombres con mayor peso en el área energética durante la administración libertaria.
El caso adquiere una dimensión adicional porque González ya fue mencionado en una denuncia judicial vinculada con la política de importación de electricidad. Ahora, la controversia alrededor de Harbour coloca nuevamente el foco sobre los mecanismos de control aplicados por el área energética.
La cuestión central no es solamente quién firmó la aprobación final, sino quién revisó los antecedentes de las empresas que integran los proyectos beneficiados por el RIGI y qué criterios se aplicaron para determinar que cumplían con todos los requisitos.
