La afirmación de Javier Milei sobre la supuesta deportación de 30.000 terroristas abrió una nueva controversia para el Gobierno. Los registros oficiales conocidos hasta ahora muestran una distancia considerable con ese número: Manuel Adorni había informado ante el Congreso que las fuerzas federales tramitaron 215 casos vinculados con investigaciones por terrorismo entre 2020 y 2025, mientras que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, habría contabilizado menos de un centenar de causas de esa naturaleza.
La diferencia entre las cifras pone en cuestión la dimensión del fenómeno que describió el Presidente durante una entrevista con Luis Majul. También reavivó el debate sobre los criterios utilizados para clasificar las investigaciones y el alcance de los procedimientos impulsados por el Ministerio de Seguridad a partir de alertas de organismos extranjeros.
El tema adquirió mayor sensibilidad por la presencia de cinco menores entre las personas investigadas. Según la información publicada sobre esos expedientes, ninguno de los casos registró el hallazgo de armas o explosivos ni la existencia de un plan concreto para cometer un atentado.
La respuesta de Adorni ante el Congreso expuso una cifra muy inferior a la de Milei
Durante su última presentación ante los legisladores, Adorni respondió una consulta parlamentaria sobre la cantidad de personas identificadas como terroristas en la Argentina. En su contestación, citó información del Ministerio de Seguridad según la cual las fuerzas federales habían intervenido en 215 casos entre 2020 y 2025.
El detalle oficial precisaba que 31 investigaciones continuaban en trámite y que otras 184 habían sido cerradas. El dato, sin embargo, no respaldaba la afirmación presidencial sobre 30.000 deportaciones, ya que se refería a expedientes investigados y no a personas expulsadas del país.
La discrepancia también alcanza a los registros de la Procuración. De acuerdo con una investigación de Página/12, Casal informó que existían menos de 100 causas constitutivas de terrorismo, una cifra que surge de los datos reunidos por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT).
El organismo, creado en 2018, recopila información de las fiscalías sobre investigaciones encuadradas en distintos artículos del Código Penal. La diferencia entre los registros de Seguridad y los de la Procuración abre interrogantes sobre qué se contabiliza en cada caso y bajo qué parámetros se construyen las estadísticas oficiales.
Cinco investigaciones involucraron a adolescentes y a un chico de 12 años
Una parte de los expedientes informados por Adorni corresponde a menores de edad. El diputado Rodolfo Tailhade había consultado al entonces jefe de Gabinete por las detenciones de adolescentes de 16 años en Olavarría y Ensenada, otro de 14 en San Miguel y un niño de 12 años en Quilmes.
Según una investigación publicada por Infobae en julio de 2025, las actuaciones se habían iniciado a partir de reportes del agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos. Las alertas eran canalizadas por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y luego derivadas a las áreas policiales encargadas de investigar posibles amenazas.
Uno de los casos que tomó estado público fue el de un adolescente de 16 años detenido en abril de 2024 en Malvinas Argentinas. Patricia Bullrich, que entonces encabezaba el Ministerio de Seguridad, difundió el procedimiento en redes sociales y afirmó que el joven consumía material yihadista y había descargado instrucciones para fabricar explosivos.
La investigación se había iniciado a partir de una alerta del FBI y permitió identificar al adolescente mediante el rastreo de su actividad digital. Durante el operativo se secuestraron distintos elementos, entre ellos herramientas, cables, pilas y dispositivos electrónicos. El joven se encuentra actualmente en libertad.
El caso del niño de Quilmes que encendió las alarmas por el alcance de las investigaciones
Entre los expedientes también figura el de un chico de 12 años que vivía en Quilmes y había compartido contenido relacionado con ejecuciones de ISIS, además de solicitar información sobre posibles ataques. Fuentes citadas por LPO señalaron que el menor atravesaba una situación de aislamiento social severo y que no comprendía la dimensión política del material que difundía.
De acuerdo con esas fuentes, el niño quedó bajo tutela estatal y recibió seguimiento especializado en salud mental. El caso puso sobre la mesa las dificultades que supone distinguir entre una amenaza concreta, la circulación de contenidos violentos en internet y las conductas de menores que pueden no dimensionar el significado de sus publicaciones.
En los cinco expedientes que involucraron a adolescentes, según la información publicada, no se encontraron armas ni explosivos ni se acreditó la existencia de planes para ejecutar atentados. Esa circunstancia no elimina la posibilidad de investigar conductas que puedan constituir delitos, pero resulta relevante para evaluar el alcance de las afirmaciones oficiales sobre la presencia de organizaciones terroristas en el país.
La Procuración registra menos de 100 causas y utiliza tres artículos del Código Penal
La cifra atribuida a Casal surge de los expedientes relevados por la SAIT, que toma como referencia investigaciones encuadradas en los artículos 41 quinquies, 213 bis y 306 del Código Penal.
El primero contempla un agravamiento de las penas para determinados delitos cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población o imponer condiciones a las autoridades. El artículo 213 bis sanciona la participación en agrupaciones que buscan imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor, mientras que el 306 aborda el financiamiento del terrorismo.
La aplicación de estas figuras también generó controversias políticas y judiciales. El artículo 213 bis, por ejemplo, fue utilizado en una causa contra militantes acusados de arrojar materia fecal frente al domicilio del exdiputado José Luis Espert, un episodio que reabrió la discusión sobre los límites de la legislación antiterrorista y su utilización en conflictos vinculados con la protesta política.
La SIDE también quedó bajo la lupa por la presencia de grupos terroristas en la Argentina
La controversia sumó otro elemento a partir de la exposición del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Según tres integrantes de ese cuerpo citados por LPO, el funcionario sostuvo que no existían hipótesis sobre el despliegue de grupos terroristas en territorio argentino. Esa versión contrasta con el alcance de las declaraciones presidenciales y vuelve a poner el foco sobre la información que maneja el sistema de inteligencia nacional.
La discusión, en definitiva, excede la diferencia entre las cifras difundidas por Milei y las estadísticas de los organismos oficiales. También involucra la forma en que el Estado define y contabiliza las amenazas terroristas, el papel de la cooperación internacional en las investigaciones y las garantías que deben regir los procedimientos, especialmente cuando las personas involucradas son menores de edad.
