Reclusos de la cárcel de Devoto iniciaron un motín durante la noche del martes en protesta por la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de cerrar los centros estudiantiles en los penales federales, los cuales habían funcionado hasta ese momento. La revuelta se produjo en los pabellones 1 y 5 de la prisión, donde los internos quemaron colchones y sábanas, además de colgar varias banderas en las ventanas.
“Tenemos derecho a la educación 1985-2025”, se podía leer en una de las banderas que colgaban de los barrotes de la cárcel, ubicada en la calle Bermúdez 2651, en el barrio porteño de Villa Devoto. Otra de las pancartas decía: “La Universidad es de todos. CUD. 40 años”.
El motín comenzó aproximadamente a las 21:30 y se prolongó por más de una hora y media. Se espera que los reclusos continúen con sus manifestaciones esta noche. Hasta el momento, no se ha informado sobre heridos.
Este reclamo de los internos se produce más de una semana después de que se publicara en el Boletín Oficial la resolución que oficializó la decisión de suspender los centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La decisión de cerrar los centros educativos en las cárceles
El organismo encargado de la administración de las prisiones en el país justificó su resolución señalando que la presencia de centros estudiantiles dentro de los penales interfiere con el principal objetivo del sistema penitenciario: la readaptación social de los internos.
El régimen penitenciario, además de las actividades relacionadas con la seguridad, se enfoca en planes de reinserción social, que incluyen tareas obligatorias, como las laborales y aquellas vinculadas al mantenimiento de los espacios comunes.
En este sentido, el documento oficial ha expresado que “la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales”.
Asimismo, se subraya que estas actividades también afectan el mantenimiento de los espacios comunes y privados dentro de las cárceles. Estas tareas son obligatorias para todos los internos, conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, y buscan compensar los recursos invertidos por el Estado Nacional en el tratamiento penitenciario.
Por lo tanto, el Ministerio de Seguridad había dispuesto previamente que todos los internos del SPF deben participar en tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios comunes y privados de las cárceles.
La postura del Ministerio de Seguridad
La Resolución 372/2025, que ratificó la decisión de suspender los centros estudiantiles, explicó que la asistencia de los reclusos a las jornadas educativas excedía el tiempo estipulado y afectaba las reglas de progresividad del sistema penitenciario.
Además, se señaló que dicha situación dificultaba el cumplimiento de los tratamientos penitenciarios individualizados, que son obligatorios por ley. También se mencionó que dicha dinámica había generado alteraciones en los aspectos relacionados con la seguridad.
A pesar de todo esto, el documento oficial, firmado por la ministra Patricia Bullrich, reconoció que la educación en contextos de privación de libertad es un derecho garantizado tanto por leyes nacionales como por tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
