En febrero, el actual candidato a vicepresidente y compañero de fórmula de Patricia Bullrich, Luis Petri, había elogiado al actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su dura política contra la delincuencia y el narcotráfico, a partir de la construcción de sus ya famosas mega cárceles. Sin embargo, en los últimos días y desde hace tiempo, se sucedieron varias denuncias por violación a los Derechos Humanos en dichos establecimientos, y organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados de América, (OEA) y la Unión Europea se han pronunciado sobre el tema con preocupación.
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Las declaraciones de Petri elogiando la política de Bukele se dieron en el marco de una entrevista que le hizo el conductor Esteban Trebucq en su programa de A24. “Lo que pasa es que en la Argentina necesitamos más Bukeles y menos Zaffaronis”, disparó Petri, ponderando al presidente salvadoreño y cuestionando al juez Eugenio Zaffaroni, señalado por sectores críticos del kirchnerismo como alguien excesivamente “garantista” hacia los criminales. “En el 2018 en el Salvador 55 muertes cada 100.000 habitantes. Hoy hace 300 días que no muere un solo salvadoreño. Construyó un penal en 6 meses para alojar a 40.000 pandilleros. Hizo más de 50.000 arrestos. A ver: o estamos del lado de las víctimas y los ciudadanos de bien o estamos del lado de los delincuentes”, sentenció Petri. Cabe destacar que la seguridad y la lucha contra el narcotráfico es uno de los grandes ejes de la campaña que el candidato lleva adelante de cara a las elecciones junto a Patricia Bullrich. Sin ir más lejos, una de las últimas promesas de campaña de la presidenta del PRO, fue la construcción de una cárcel especial para narcos y corruptos, que se llamará “Unidad penal Dra. Fernández de Kirchner”. Un proyecto que parece mostrar cierta inspiración en las mega cárceles de El Salvador.
De acuerdo a declaraciones de muchos salvadoreños a distintos medios, hay una reducción de la delincuencia y un aumento de la seguridad que pueden percibir. A la construcción de las mega cárceles, Bukele sumó el decreto de estado de excepción y suspensión de garantías constitucionales, y dispuso una cruenta guerra contra las maras que azotaban a la población. A priori, esto parece haber tenido resultados en cómo los salvadoreños perciben su situación, pero hay un lado b. Documentos desclasificados de la Policía Nacional Civil (PNC), revelados el 28 de marzo por el medio salvadoreño Revista Elementos, dan cuenta de que el gobierno ha maquillado las cifras de homicidios que reporta en el registro oficial: en los dos primeros meses del régimen de excepción el gobierno solo reportó 39 homicidios, pero en realidad hubo 67, sin contar las muertes de 12 supuestos pandilleros a manos de agentes del Estado en abril de 2022.
Quienes viven en las zonas militarizadas deben soportar las requisas por parte de los agentes policiales en sus hogares. Según cálculos del sindicato policial 1 de cada 6 personas encarceladas es inocente, y la ong Cristosal documentó 3.344 casos de violaciones a los derechos humanos, cifra de la que hizo eco la ONU.
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Pero son varias las organizaciones que cuestionan el accionar del mandatario. Según datos de la organización Socorro Jurídico Humanitario 188 salvadoreños y salvadoreñas que han fallecido mientras estuvieron en custodia del Estado desde que Bukele y su Congreso decretaron el régimen de excepción en marzo de 2022. También afirman que ha muerto una persona cada cuatro días en las cárceles salvadoreñas desde que inició el régimen de excepción. Por su parte, Amnistía Internacional ha documentado “la muerte de al menos 150 personas bajo custodia del Estado y casos de tortura, incluso de menores de edad. El derecho a la libertad de expresión y de prensa está también gravemente amenazado, y hay periodistas que se marchan del país o que se autocensuran”, según consigna un comunicado de la organización.
Las condiciones en las cárceles que el mandatario salvadoreño mandó construir incluyen maltrato y torturas. Pero a pesar de las críticas, Bukele ha recurrido a campañas de desinformación e incluso a la persecución y censura de periodistas críticos. Ya en 2021, el periodista Carlos Dada, fundador y director del diario digital ‘El Faro’, alertaba sobre la dura situación de la prensa opositora en el país centroamericano. “Ha empezado un exilio silencioso”, declaró el periodista en 2021. En mayo de 2023 Dada contó al diario español El País que debió mudarse junto a su medio a Costa Rica, con el fin de “alejarse de las garras de Bukele”.
En los inicios de este mes se han producido marchas en las calles del país, para exigir el fin del régimen de excepción. Y es que las disposiciones de Bukele no se quedan solo en la detención masiva de personas o en la construcción de mega cárceles. Hace unos meses el Congreso del Salvador aprobó un proyecto de ley que permite que se pueda juzgar de forma colectiva a grupos de pandilleros, sin la necesidad de presentar pruebas individuales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) enviarán a El Salvador misiones de observación para las elecciones generales de 2024, en las Bukele buscará ser reelecto. La iniciativa había sido promovida en agosto por el Tribunal Electoral de El Salvador.
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