La investigación judicial que involucra al expresidente Alberto Fernández en la denominada “Causa Seguros” sumó un nuevo capítulo. El juez federal Sebastián Casanello, recientemente designado a cargo del expediente, ordenó profundizar una línea de indagación clave. Se trata de determinar si Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos y amigo personal del exmandatario, actuó como testaferro en operaciones vinculadas a la contratación de seguros por parte del Estado.

La medida adoptada por Casanello incluye el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Rodríguez. Además, se solicitó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) un informe patrimonial completo. La Justicia busca conocer si posee bienes a su nombre que podrían pertenecer en realidad a Alberto Fernández o a Héctor Martínez Sosa, broker también investigado en esta causa.

El eje de la causa gira en torno al decreto 823/2021, firmado durante la gestión de Fernández. El mismo obligaba a todos los organismos estatales a contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros S.A., una empresa del Banco Nación. Dicha norma fue derogada por el actual presidente Javier Milei. Bajo ese marco, la Justicia investiga si hubo un favorecimiento a determinados intermediarios que percibieron comisiones millonarias.

Relaciones, bienes y posibles irregularidades

Entre los puntos que llaman la atención de la Justicia figura la residencia de Rodríguez. Si bien vivía en la Quinta de Olivos durante el gobierno anterior, también utilizaba una propiedad en la calle Maestra Elizárraga al 2600, en la localidad de Martínez. La vivienda está registrada a nombre de Martínez Sosa, lo que alimenta la sospecha sobre la posible simulación de titularidad de bienes.

Desde su llegada al caso en febrero, el juez Casanello impulsa el cruce de información entre los distintos protagonistas. En ese sentido, pidió a ARCA un informe detallado sobre los vínculos económicos, personales y laborales entre Rodríguez, Fernández, Martínez Sosa, María Cantero y la empresa “Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A.”. El objetivo es esclarecer los roles de cada uno en los hechos investigados.

Asimismo, ya se dictó la inhibición general de bienes de 51 personas físicas y jurídicas. Entre ellos figuran el propio expresidente Fernández, el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y los brokers involucrados. También alcanzó a la esposa de Martínez Sosa, María Cantero, quien fuera secretaria de Fernández durante varios años.

Fernández se encuentra imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. No obstante, en su declaración judicial negó cualquier acto de corrupción o favoritismo. Según su testimonio, el decreto buscaba optimizar el uso de fondos estatales mediante el fortalecimiento de una aseguradora estatal.