El titular del Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata, Guillermo Atencio, pidió investigar a funcionarios de la Dirección de Monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por presuntos incumplimientos en la implementación de arrestos domiciliarios, según se desprende de la resolución judicial a la que accedió #BORDER. La decisión fue adoptada tras detectar dilaciones en el caso de un acusado de narcotráfico, quien aguardaba el relevamiento técnico de su domicilio y la asignación de una tobillera electrónica.
La falta de respuesta de la Dirección de Monitoreo, que incumplió reiteradamente los requerimientos judiciales, contrastó con la rapidez con la que actuó en otros expedientes, en especial el de Julio “Chocolate” Rigau. Este dato, consignado en la resolución de Atencio, motivó su decisión de remitir los antecedentes a la Justicia para que se investigue si los funcionarios del SPB incurrieron en los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Un sistema con demoras para algunos y rapidez para otros
El habeas corpus presentado argumentaba que la demora en la implementación de su arresto domiciliario constituía un "agravamiento de las condiciones de detención". Según la defensa, desde el 13 de febrero se había solicitado a la Dirección de Monitoreo que realizara un informe técnico sobre el domicilio del acusado, pero el pedido nunca se materializó. Además, el 14 de marzo el Juzgado intimó al órgano penitenciario a informar si existían tobilleras electrónicas disponibles, obteniendo una respuesta vaga y evasiva.
A pesar de estas irregularidades, el magistrado consideró que la falta de respuesta no configuraba un agravamiento de las condiciones y rechazó el habeas corpus. Sin embargo, ordenó que en un plazo de 48 horas la Dirección de Monitoreo cumpliera con su obligación y remitió la documentación pertinente para la investigación penal.
En su resolución, Atencio destacó que el comportamiento del SPB en este caso era radicalmente distinto al asumido en el expediente que involucra a Rigau. En ese caso, la Dirección de Monitoreo efectuó el relevamiento técnico en apenas 24 horas y la tobillera le fue colocada con una rapidez inusual, a pesar de la escasez de estos dispositivos.
El caso Rigau y el trato diferencial
“Chocolate” Rigau, puntero político del Frente Renovador, fue detenido en septiembre de 2023 con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense, con las que retiraba millones de pesos en efectivo. Procesado por asociación ilícita y defraudación al Estado, Rigau permaneció detenido hasta enero de 2025 en una alcaidía dependiente del SPB, bajo un régimen de detención más flexible que el de una cárcel común.
En tiempo récord, el puntero logró acceder al beneficio de la morigeración de la prisión preventiva con arresto domiciliario. A pesar de que en la provincia de Buenos Aires hay más de 300 personas en lista de espera para recibir una tobillera electrónica, la Dirección de Monitoreo del SPB completó el trámite en pocas horas. Esta celeridad contrasta con las demoras de meses en otros casos.
La diferencia en el trato judicial y penitenciario ha generado suspicacias en el fuero penal de La Plata. Mientras Rigau accedió al arresto domiciliario sin inconvenientes, otros detenidos con causas menos resonantes enfrentan esperas prolongadas e indefinidas.
La relación con el Ministerio de Justicia bonaerense
El Servicio Penitenciario Bonaerense depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena, un dirigente vinculado al kirchnerismo. La falta de equidad en la gestión de los arrestos domiciliarios y la prioridad otorgada a Rigau han despertado críticas en el ámbito judicial y político.
La orden de Atencio de investigar a los funcionarios del SPB abre un nuevo foco de tensión en la provincia. La fiscal Betina Lacki es quien lleva adelante la investigación por la megacausa de corrupción en la Legislatura bonaerense que involucra a Rigau.
Ahora, el fiscal en turno, podría profundizar la pesquisa para determinar si hubo connivencia o favoritismo en la concesión de la prisión domiciliaria del puntero.
Consecuencias y próximos pasos
El pedido de investigación de Atencio representa un paso importante para esclarecer si la Dirección de Monitoreo del SPB opera con criterios arbitrarios en la implementación de los arrestos domiciliarios. La pesquisa podría derivar en sanciones para los funcionarios responsables y, eventualmente, en reformas dentro del SPB.
El caso Rigau ha puesto en evidencia las falencias y desigualdades del sistema judicial bonaerense. La decisión del juez Atencio de no dejar pasar estas irregularidades y contrastarlas con otros casos podría sentar un precedente en la supervisión del accionar penitenciario y judicial en la provincia.
Mientras la investigación avanza, la opinión pública y los actores judiciales siguen atentos al desenlace de esta nueva controversia que sacude a la justicia bonaerense.
