Un 20 por ciento de suba salarial, más un ajuste por inflación en junio y una cláusula de revisión en noviembre fue la oferta que realizó en diciembre último el gobierno de María Eugenia Vidal a los docentes bonaerenses. Adivinen la respuesta de los gremios.

Dijeron que no.

Sin embargo, la mayoría de los gremios estatales aceptaron esa oferta que comenzó a aplicarse en enero de este año. La negativa de los docentes tiene su lógica: los gremios argumentan que con esa propuesta no alcanzan a compensar lo que perdieron por la escalofriante inflación de 2018, que estuvo cerca del 50 por ciento.

Claro, si se computa los aumentos de 2018 sin bonos ni presentíamos (como lo hace Roberto Baradel, de SUTEBA) en 2018, los haberes crecieron un 32 por ciento contra un 50 de inflación. La desventaja para los maestros sería así del 18 por ciento. Pero si a los haberes se le computan el bono de fin de año más los plus por presentismo, el aumento que estipulan en Educación está cerca del 40 por ciento.

Así las cosas, en la paritaria que comienza hoy a discutir el salario docente aseguran cerca de la gobernadora que la oferta será superadora a la de diciembre. La oferta implicaría una actualización automática atada al Indec.

Uno de los reclamos más intensos que realizaron el año pasado los gremios fue la inclusión de una cláusula gatillo que se dispare toda vez que la inflación suba y ése podría ser el as en la manga del gobierno de Vidal, según refieren en su entorno.

Ahora bien, ¿asegura la inclusión de la cláusula gatillo una paritaria en paz y un inicio de clases para los chicos pobres? Porque, ya a esta altura, es una obviedad que son los chicos más humildes los que concurren a la escuela estatal, dado su deterioro que data de años de abandono en obras y clases errantes que hacen imposible una cursada regular y provocaron el éxodo constante de alumnos a escuelas privadas.

Pero respondiendo a la pregunta del párrafo anterior, yo no sería tan entusiasta sobre la cláusula gatillo en la paritaria: recordemos que en 2017 los docentes pararon 20 días en contra de una oferta que sí incluía cláusula gatillo; justamente lo que reclamaban enfáticamente en 2018. 

La pregunta entonces debería ser reformulada: ¿tendrán los sindicalistas voluntad política de arrancar las clases esta vez? Porque sería absurdo no darse por enterado que lo mejor que le podría pasar a la gobernadora en un año electoral es empezar las clases en tiempo y forma.

Pero, claro, si lo que va a regir la paritaria es un aumento que le gane a la inflación de 2018, definitivamente el país entero debería hacer paro. Los médicos, los policías, nosotros los periodistas, los remiseros, los operarios, los camioneros. Todos. ¿Pero saben qué? No todos los gremios pueden plantarse tan firmemente con un reclamo que es obvio que es imposible de conseguir. No todos tienen el poder de dejar a los pibes pobres sin educación. Y eso, estoy segura, es la más canalla presión que se puede ejercer.