En julio de 2024, Gobierno denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la ANDIS que podría ascender “a un total de 3.400 millones de dólares”.

Luego el Ministerio de Salud implementó un relevamiento sobre la totalidad de los beneficiarios, que superan los 1,2 millones y que llega a 1,8 millones si se tiene en cuenta el universo total que cuenta con un Certificado Único por Discapacidad.

Caso único

En la provincia de Buenos Aires una mujer se presentó ante los médicos auditores disfrazada de hombre para intentar hacerse pasar por su marido fallecido; se investiga por qué ese deceso no estaba registrado en los sistemas del Estado.

Este hallazgo fue posible porque, por disposición de Spagnuolo, los beneficiarios que recibieron la carta documento para convocarlos a validar el CUD debían hacerlo de modo presencial. Por esa razón, y de manera inconcebible, ante los peritos médicos se presentaron 331 prófugos de la Justicia que estaban recibiendo pensiones de manera indebida. De ese grupo, 33 fueron puestos a disposición de los juzgados que habían solicitado su captura y 14 fueron detenidos en un solo operativo. Uno de ellos tenía ocho causas penales.

Para las autoridades de La Libertad Avanza, al menos durante el gobierno anterior, “el desvío de fondos destinado a pensiones no contributivas por discapacidad” fue de un 40% sobre el monto anual. Por esa razón, las irregularidades derivaron en una denuncia penal que es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Ejemplo de irregularidades

En la provincia de Buenos Aires, los casos más alarmantes en las auditorías que aún están en marcha, son:

-Un hombre, que tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes, asistió acompañado por un abogado

-Beneficiarios aseguraron que recibieron la pensión con el “respaldo “del Movimiento Evita”. También fueron acompañados por abogados.

-Se presentaron dos personas que estaban cumpliendo una condena impuesta por la justicia. Una de ellas tenía arresto domiciliario y llevaba colocada una tobillera electrónica. No avisó que se alejaría del domicilio, pero tampoco la policía apareció para detenerlo. En el segundo caso se presentaron familiares que informaron que el beneficiario estaba preso en un penal.

Para las autoridades nacionales, “lo más alarmante de estos casos, además de encontrarse en incompatibilidad por estar cumpliendo condena o a disposición de la Justicia, es que a ambos se les entregó la pensión de modo exprés, en tan solo 13 días, y con condiciones de salud que no acreditaban para recibir la prestación”.