El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió este lunes la decisión del Gobierno nacional de autorizar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en flagrancia en la frontera norte y apuntó contra las críticas: "La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación. Solo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas", escribió en un mensaje en su cuenta de X.
El operativo militar, conocido como "Operativo Roca", comenzó la semana pasada en Salta con 1.300 soldados, y las órdenes reservadas habilitan a los militares a detener civiles que cometan delitos en el momento. Además, las "reglas de empeñamiento" firmadas por Petri permiten a las tropas portar armas cargadas durante los patrullajes ante situaciones de eventual peligro.
El propio Petri argumentó que "todos los países limítrofes con la Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras" y agregó: "EE.UU. lo acaba de anunciar en enero, ¿por qué acá algunos se escandalizan?". Con ese planteo, el ministro buscó justificar una medida que generó controversia tanto en la oposición como entre sectores militares preocupados por los posibles riesgos legales.
Petri insistió en utilizar las Fuerzas Armadas para frenar el narcotráfico en las fronteras
En otro tuit, Petri redobló la apuesta política y afirmó: "Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar". De esta manera, buscó enmarcar la discusión en una polarización entre quienes apoyan la política de seguridad del Gobierno y quienes la rechazan.
Las reglas de empeñamiento ordenan que la detención de un civil debe ser inmediata y transitoria, dando aviso a las fuerzas de seguridad, a un juez o al Ministerio Público Fiscal. Aunque se aclara que los militares deben guiarse por los principios de necesidad, proporcionalidad y gradualidad en el uso de la fuerza, el despliegue despertó reparos sobre la falta de un decreto presidencial que respalde formalmente el operativo y sobre la confusa delimitación de responsabilidades.
