El fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini ha solicitado el embargo y la inhibición de bienes de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, incluyendo propiedades en Chaco, autos de alta gama y millones de pesos recibidos del Estado provincial.
Sabadini también citó a declarar a los imputados, investigados por lavado de activos y defraudación a la administración pública a través de la Fundación Saúl Acuña, que dirigieron durante 20 años. La investigación comenzó tras un allanamiento en la casa de los Sena en Santa María de Oro 1460, donde se encontraron 6 millones de pesos en efectivo sin justificar. Este operativo, solicitado por el fiscal Jorge Cáceres Olivera en el marco de la investigación del femicidio de Cecilia Strzyzowski, llevó al arresto de Sena, Acuña y su hijo César.
En el expediente, se reveló que la provincia de Chaco les transfirió más de 900 millones de pesos en los últimos tres años, incluyendo $141.953.467 el año pasado durante la gestión de Jorge Capitanich. La Fundación Saúl Acuña recibió un ingreso de dinero el día de la desaparición de Cecilia, lo que provocó la intervención judicial de la fundación.
Las transferencias provinieron de diversos ministerios y organismos provinciales, como los Ministerios de Salud, Gobierno y Trabajo, Infraestructura y Servicios Públicos, Desarrollo Social, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Lotería Chaqueña, y el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFE), actualmente intervenido. La Fundación facturó más al IAFE, recibiendo $186.032.861 el último año.
Clelia Ávila, interventora del IAFE, afirmó que hay evidencias de manejo fraudulento del dinero, y señaló que la intervención podría prorrogarse debido a la gran cantidad de dinero y activos no registrados manejados por los Sena, incluyendo vehículos costosos y personal no registrado.
Entre los vehículos figuran cinco camionetas Toyota Hilux 4×4, una Ford pick up F.100, un camión Ford F350, una Mercedes Benz Atego, una Mercedes Benz Sprinter, una Motomel B110 y un rastrojero Diesel C-66, adquiridos a través del concesionario Derka y Vargas S.A. Además, los Sena realizaron numerosos viajes internacionales a Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia, lo que el fiscal consideró indicativo de un despliegue económico no acorde con su perfil fiscal.
La investigación también descubrió que los Sena poseían tierras cedidas por el Instituto de Colonización de Chaco, inicialmente solicitadas para un proyecto cooperativo en 2004 y posteriormente adjudicadas a título personal en 2006.
Marcela Acuña, quien declaró poseer una sola vivienda compartida con su padre, adquirió otros tres inmuebles no registrados oficialmente. Estos incluyen dos departamentos en Resistencia y un lote en Colonia Benítez. Acuña y Sena, registrados como empleados docentes, recibían salarios de 300 mil y 1.4 millones de pesos mensuales, respectivamente, a través del Ministerio de Educación del Chaco.
La Justicia ha disuelto la Fundación Saúl Acuña e imputado a ambos por fraude a la administración pública y lavado de activos, y no descarta la implicación de más funcionarios públicos en Chaco.
CON INFORMACIÓN DE TN
