Una nueva polémica sacude al escenario político nacional tras la publicación del Decreto 274/2025. La medida, que limita las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) al quitarle su rol de querellante en causas de corrupción y lavado de dinero, desató un cruce público entre el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el ex titular de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici.
Federici expresó su rechazo al decreto mediante una dura publicación en su cuenta de X, bajo el título “La diferencia entre un proyecto de poder y un proyecto de Nación”. En el texto acusó al Gobierno de Javier Milei de querer debilitar los organismos de control autónomos para favorecer un “proyecto de poder” en detrimento de la transparencia institucional.
“El debilitamiento de organismos independientes que deben imponer límites es una clara señal de autoritarismo”, advirtió Federici. En ese marco, también criticó la creciente intromisión de los aparatos de inteligencia del Estado y acusó al oficialismo de “promover la impunidad” para proteger a quienes violan la ley “en nombre del poder”.
Defensa oficial y fuertes acusaciones
La respuesta del ministro Cúneo Libarona no tardó en llegar. Desde el Ministerio de Justicia acusaron a Federici de carecer de propuestas y de confundir a la opinión pública. “La UIF fue utilizada durante los gobiernos kirchneristas y también en la gestión de Macri para perseguir opositores”, sostuvo el funcionario, apuntando directamente contra su antecesor.
Cúneo Libarona justificó el decreto en base a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Aseguró que solo dos países en el mundo mantienen a sus unidades financieras con funciones de querellante, y que Argentina debía adecuarse a los estándares internacionales para no comprometer su participación en organismos multilaterales.
“El GAFI manifestó su preocupación por el uso selectivo de las querellas, especialmente en causas vinculadas a la corrupción, y más aún cuando cambian los gobiernos”, explicó. De esa manera, el funcionario enfatizó que la reforma busca despolitizar la UIF y centrarla en su función técnica.
Un decreto que divide opiniones
El Decreto 274/2025 plantea la necesidad de evitar la superposición de funciones entre entes del Estado. Según el texto oficial, mantener a la UIF como querellante generaba duplicidad de tareas, consumo innecesario de recursos y riesgos de contradicciones procesales. En ese sentido, se promueve una gestión más eficiente, con políticas centralizadas y coordinadas.
El objetivo es alcanzar la máxima eficacia técnica de los medios del Estado para garantizar la seguridad ciudadana y cumplir con compromisos internacionales”, indica el decreto. La reforma forma parte de una reestructuración más amplia dentro de la administración pública impulsada por el Gobierno libertario.
Por último, el ministro de Justicia lanzó una acusación directa a Federici: “Quisiste intermediar con la consultora Key2, cobrando 600 mil dólares al Estado argentino, y este Gobierno lo rechazó”.
