El pequeño pueblo de Iruya, enclavado en las montañas de Salta y de difícil acceso desde Jujuy, se encuentra en medio de una polémica tras la implementación de una nueva «ecotasa» para los turistas. Según la ordenanza municipal 13/24, los visitantes argentinos deberán pagar una tasa de ingreso de $2.000, mientras que los extranjeros enfrentarán una tarifa de $4.000. Además, se estableció un costo adicional de $500 por estacionamiento dentro del pueblo.
Esta medida, promovida por el Concejo Deliberante y avalada por el intendente Eugenio Herrera, busca recaudar fondos para el mantenimiento de los sitios turísticos locales. Sin embargo, ha generado críticas tanto dentro como fuera de la comunidad de Iruya, que depende significativamente del turismo para su economía local.
Desde el ámbito legal, se anticipan repercusiones debido a que la Constitución Nacional argentina prohíbe la creación de aduanas internas desde 1853. La Corte Suprema de Justicia ya ha dictaminado sobre casos similares, como el de Bariloche, declarando inconstitucional la imposición de tasas semejantes.
La reacción entre los turistas ha sido diversa: algunos acceden a pagar la tasa tras un arduo viaje por las montañas, mientras que otros se oponen, amparándose en el fallo de la Corte Suprema y cuestionando la legalidad de la medida.
El Gobierno provincial de Salta está buscando vías de diálogo para encontrar una solución que permita mantener el atractivo turístico de Iruya sin imponer cargas financieras adicionales a los visitantes.
La situación sigue desarrollándose mientras las autoridades locales y provinciales trabajan para resolver esta controversia, que enfrenta los intereses económicos locales con los derechos constitucionales de los turistas.
