El Poder Judicial de la Nación ya definió cuánto dinero considera necesario para funcionar durante 2027. El Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad un anteproyecto que contempla gastos por $2.841.911.406.537, una cifra que representa un incremento del 24% respecto del presupuesto vigente durante 2026.

El proyecto deberá atravesar ahora las distintas instancias de análisis antes de convertirse en el presupuesto definitivo. El Ejecutivo tendrá que revisar el pedido y luego incorporarlo al proyecto general que será enviado al Congreso para su tratamiento.

La propuesta quedó aprobada durante una reunión del Consejo de la Magistratura encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

El pedido de la Justicia quedó por encima del techo presupuestario

Uno de los principales puntos de discusión será la diferencia entre el monto solicitado por el Poder Judicial y el límite financiero establecido previamente por el Gobierno.

La Oficina Nacional de Presupuesto había fijado un techo de $2.319.891.000.000 para el ejercicio 2027. El requerimiento de la Justicia se ubica, por lo tanto, unos $522.020 millones por encima de esa referencia, equivalente a un incremento del 18%.

La definición deberá ser analizada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, antes de que el Ejecutivo avance con el proyecto que será remitido al Congreso.

Desde el Consejo de la Magistratura defendieron la necesidad de contar con una previsión presupuestaria que permita garantizar el funcionamiento de los tribunales y avanzar con distintos proyectos de modernización.

Los salarios concentran casi todo el presupuesto judicial

La estructura del anteproyecto muestra una fuerte concentración de los recursos en el gasto en personal. De los casi $2,84 billones previstos, $2.690.377 millones estarán destinados a salarios, lo que representa aproximadamente el 94,7% del presupuesto total.

La planificación contempla 24.415 cargos, vinculados con la creación de tribunales establecida por ley, la Escuela Judicial, áreas de auditoría informática, intendencias y delegaciones regionales, entre otros sectores.

Dentro de esta partida también se incluyen $9.072 millones para el pago de horas extras, calculadas sobre un máximo de 170.423 horas anuales.

Uno de los componentes relevantes será el Sistema Informático de Recursos Humanos, que contempla 1.456 cargos.

Más inversión en tecnología y obras para los tribunales

El rubro que presenta el mayor crecimiento porcentual es el correspondiente a Bienes de Uso, con una suba del 56% respecto del período anterior.

El proyecto contempla recursos para renovar y ampliar el equipamiento tecnológico de los tribunales. Entre las inversiones previstas aparecen $25.406 millones destinados a equipamiento informático, que incluye cámaras de videovigilancia, sistemas de seguridad informática y computadoras portátiles.

El plan también incorpora obras edilicias. Para el período 2027-2029, el Consejo de la Magistratura proyectó inversiones por más de $39.400 millones, con prioridad para edificios considerados críticos por su estado de conservación.

Una de las obras de mayor magnitud será la intervención prevista en el edificio de Casación Penal de Comodoro Py, cuya inversión estimada alcanza los $9.227 millones.

Alquileres, servicios y mantenimiento también forman parte del gasto

El presupuesto contempla además $80.430 millones para servicios no personales. Dentro de este capítulo aparecen los gastos vinculados con el funcionamiento cotidiano de los edificios y dependencias judiciales.

Los alquileres representan unos $14.077 millones, mientras que los servicios básicos demandarán cerca de $23.951 millones. También se contemplan recursos para tareas de limpieza, seguridad adicional y mantenimiento de los sistemas informáticos.

En tanto, el capítulo de bienes de consumo fue calculado en $12.922 millones.

Jubilaciones y pensiones especiales

El anteproyecto también reserva recursos para transferencias. En este apartado se incluyeron $14.385 millones, de los cuales la mayor parte corresponde al pago de jubilaciones y pensiones especiales.

Según la planificación presentada ante el Consejo de la Magistratura, estos beneficios alcanzan a 106 personas.

La discusión por el presupuesto continuará en el Congreso

La aprobación del anteproyecto por parte del Consejo de la Magistratura no implica todavía que el Poder Judicial tenga garantizados los $2,84 billones solicitados.

El monto deberá ser compatibilizado con las restricciones presupuestarias que establezca el Gobierno y luego formar parte del debate legislativo. La diferencia de más de $522.000 millones respecto del techo fijado por la Oficina Nacional de Presupuesto anticipa uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

Durante la reunión en la que se aprobó el proyecto, el viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Santiago Viola, remarcó que los recursos públicos son limitados y sostuvo que el presupuesto busca garantizar el funcionamiento institucional y avanzar en la modernización de la Justicia.

El funcionario planteó que contar con una previsión presupuestaria permitirá otorgar mayor previsibilidad al funcionamiento de los tribunales y fortalecer su autonomía.