La Justicia Federal de La Plata dictó el procesamiento de Nélida Agustina Bisio, quien fuera titular de ANMAT, y de Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora de Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en el marco de la investigación sobre el fentanilo contaminado. El medicamento provocó un brote infeccioso y numerosas muertes.
El juez Ernesto Kreplak dispuso un embargo por 500 mil millones de pesos a las exfuncionarias y les prohibió salir del país. Bisio presentó su renuncia a comienzos de 2026, mientras que a Mantecón Fumado la apartaron de su cargo el 21 de agosto del año pasado. Ambas estuvieron detenidas y recuperaron la libertad tras abonar una fianza de 75 millones de pesos cada una.
La investigación apunta a los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García Furfaro. Los fiscales sostienen que los lugares contaban con antecedentes de incumplimientos y graves irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
Además, presumen la existencia de un “manto de cobertura estatal” que permitió que los laboratorios operaran en condiciones deficientes, lo cual habría derivado en la contaminación del fentanilo. El Ministerio Público Fiscal busca determinar si los funcionarios responsables del control sanitario permitieron esas irregularidades, ya sea por acción u omisión.
Detalles del caso
El caso inició el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual en pacientes que habían recibido fentanilo de la marca HLB. Las ampollas contenían bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, las cuales también se encontraron en hemocultivos de pacientes fallecidos en distintos centros de salud.
El fármaco adulterado fue elaborado con graves incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación, controles microbiológicos irregulares y documentación supuestamente adulterada para simular procesos de calidad que no se realizaron.
Entre enero y mayo del año pasado, el fentanilo contaminado se distribuyó en hospitales públicos y privados de al menos 17 jurisdicciones del país.
La resolución judicial también precisó que, si bien se mencionan más de 110 víctimas fatales, el procesamiento inicial abarca a 90 fallecidos y 44 personas afectadas sin consecuencias fatales. El expediente incluye más de 400 legajos e incidentes en trámite, con un total aproximado de 600 cuerpos analizados, sin contar las historias clínicas revisadas.
Para establecer la relación causal entre la infección y la administración del fentanilo contaminado, el juzgado indicó que cada caso será evaluado individualmente mediante juntas médicas y pericias del Cuerpo Médico Forense.
AS
