La Justicia Federal procesó a Griselda Inés Ortiz, la ex sargento de la Policía Bonaerense acusada de participar de una estructura que captaba argentinos para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el juez Luis Armella resolvió que la mujer, de 45 años, continúe el proceso en libertad.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, que además dispuso un embargo de $20 millones sobre los bienes de la imputada y estableció una serie de restricciones destinadas a evitar que pueda abandonar el país o interferir con la investigación.

Ortiz deberá presentarse el primer día hábil de cada mes ante la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de San Isidro y tiene prohibido mantener contacto con las personas que denunciaron haber sido reclutadas. Tampoco podrá salir de la Argentina mientras avance el expediente.

La acusación contra la ex sargento de la Policía Bonaerense

El procesamiento se produjo a partir de una investigación de la Justicia Federal de Lomas de Zamora sobre el mecanismo utilizado para captar personas interesadas en viajar a Ucrania. De acuerdo con el juez, existen elementos suficientes para sostener, de manera provisoria, que Ortiz participó de tareas de captación, traslado y acogida de las víctimas con fines de explotación, además de facilitar su salida del territorio argentino para incorporarlas a un ejército extranjero.

La imputación contempla los delitos previstos en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, vinculados con el traslado de personas fuera del país y la trata de personas.

En su resolución, el magistrado consideró acreditada hasta esta etapa una maniobra que habría afectado al menos a cuatro víctimas identificadas. Los contactos se habrían iniciado a través de redes sociales y de la aplicación de mensajería Signal. Luego, los reclutados eran trasladados hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para iniciar el viaje hacia Ucrania.

El expediente también incorporó elementos encontrados durante el allanamiento de la vivienda de Ortiz, además de documentación y otros indicios sobre su relación con las fuerzas ucranianas. La propia ex policía habría reconocido ante la Justicia su vínculo con el ejército de ese país.

Por qué la Justicia decidió no enviarla a prisión

Aunque el juez entendió que existen riesgos procesales, concluyó que pueden ser controlados mediante medidas de coerción y que no resulta indispensable mantener a Ortiz detenida durante la investigación.

Entre los argumentos considerados apareció su arraigo y domicilio conocido, mientras que también tuvo peso la situación de su pareja, Jorge Alberto Otero, quien continúa prófugo y está señalado como otro de los participantes de la maniobra.

Para el magistrado, ambos habrían tenido un papel conjunto en el funcionamiento de la estructura investigada. Sin embargo, respecto de Ortiz, entendió que las medidas impuestas resultan suficientes para garantizar que permanezca a disposición de la Justicia.

La escala penal del delito de trata agravada que se le atribuye va de cinco a diez años de prisión, por lo que, en caso de una eventual condena, no se trataría de un delito susceptible de una pena de ejecución condicional.

Del viaje a Ucrania al supuesto reclutamiento

Ortiz había formado parte de la Policía Bonaerense y solicitó su baja en marzo de este año. Antes de convertirse en investigada por la Justicia argentina, ella misma había viajado a Ucrania durante 2025 para participar de actividades vinculadas con el conflicto armado.

En sus redes sociales publicó fotografías en las que aparecía con uniforme militar y armas largas. Según la investigación, posteriormente habría comenzado a desempeñarse como reclutadora de ciudadanos argentinos interesados en incorporarse a las fuerzas que combaten contra Rusia.

La propuesta que circulaba entre los potenciales candidatos incluía una remuneración de aproximadamente USD 1.000 mensuales, junto con un adicional de USD 700 para quienes fueran destinados a zonas de combate directo.

La investigación sostiene que Ortiz y Otero organizaban grupos de entre diez y quince personas para enviarlas a Ucrania. Los gastos de los viajes habrían sido afrontados con fondos cuyo origen todavía es materia de investigación.

Los reclutados, según los testimonios incorporados al expediente, debían permanecer en Ucrania durante varios meses. En algunos casos se les habría advertido que abandonar el país podía generar consecuencias por deserción o una obligación económica de hasta USD 2.500.

Contratos en otro idioma y jóvenes sin experiencia militar

Uno de los aspectos que analiza la Justicia es la diferencia entre las condiciones que se ofrecían inicialmente y las que los argentinos encontraban una vez que llegaban a Ucrania.

De acuerdo con la investigación, los interesados no conocían antes del viaje todos los términos del contrato que debían firmar. El acuerdo contemplaba un período de hasta tres años dentro de una fuerza especial destinada a brindar apoyo a las tropas ucranianas.

Entre los reclutados había personas con antecedentes en fuerzas de seguridad o experiencia militar, pero también jóvenes que no contaban con preparación suficiente para afrontar las condiciones de un conflicto armado.

Algunos de los argentinos que llegaron a Ucrania recurrieron posteriormente a la Embajada argentina para solicitar asistencia. Los testimonios reunidos por los investigadores forman parte de la evidencia utilizada para reconstruir el funcionamiento de la presunta organización.

El novio de Ortiz continúa prófugo

Mientras Ortiz fue localizada y detenida en su vivienda de Tigre, Otero permanece prófugo. La investigación considera que ambos habrían compartido responsabilidades dentro de la estructura destinada a captar y trasladar personas hacia la zona de conflicto.

La ex policía había tenido como último destino dentro de la fuerza una dependencia de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tigre, antes de solicitar su desvinculación de la Policía Bonaerense.

La Justicia continúa ahora con la investigación para determinar el alcance de la organización, la cantidad total de personas que habrían sido reclutadas y el origen de los recursos utilizados para financiar los viajes.

La alerta de Interpol por el reclutamiento para la guerra

El expediente argentino se desarrolla en un contexto de creciente preocupación internacional por las redes que captan personas con falsas promesas laborales para enviarlas a zonas de conflicto.

Días antes de la detención de Ortiz, Interpol Colombia había difundido una Alerta Morada dirigida a los países de la región. El documento advertía sobre una modalidad de trata de personas vinculada con el trabajo forzoso en escenarios de guerra.

La circular describía casos en los que jóvenes, especialmente ex integrantes de fuerzas de seguridad y personas con entrenamiento en el manejo de armas, eran atraídos mediante ofertas laborales. Una vez trasladados, podían encontrarse con contratos en idiomas que no comprendían, retención de documentación, restricciones para abandonar el lugar y condiciones coercitivas.

La investigación argentina forma parte de un conjunto más amplio de expedientes. Fiscales especializados de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX) habían reunido nueve casos vinculados con argentinos enviados a la guerra. La mayoría tramita en la Justicia Federal de Lomas de Zamora por tratarse de situaciones relacionadas con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

A esas investigaciones se suman otros expedientes que tramitan en distintas provincias y denuncias recibidas a través de la línea 145, realizadas por familiares de personas que viajaron a Ucrania y luego quedaron imposibilitadas de regresar.

El procesamiento de Ortiz representa ahora un nuevo avance en una investigación que busca establecer cómo funcionaba la captación de argentinos, quiénes intervenían en el traslado y cuáles eran las verdaderas condiciones bajo las que eran enviados a una de las zonas de guerra más peligrosas de Europa.