Este jueves por la mañana, el Hospital Posadas en Morón, zona oeste del conurbano bonaerense, fue escenario de una intensa jornada de protesta. La comunidad hospitalaria, junto con vecinos, asambleas barriales y diversas organizaciones políticas y sociales, se congregaron para repudiar los recientes 90 despidos, que incluyen a profesionales esenciales para el tratamiento del cáncer.

La decisión del Gobierno de no renovar los contratos de los profesionales y el personal de planta  generó indignación y preocupación no solo entre los trabajadores, sino también en la comunidad que depende del hospital para su atención médica. En este contexto, desde el Ministerio de Salud alegaron irregularidades detectadas mediante un sistema biométrico de control de asistencia. Sin embargo, las explicaciones oficiales fueron cuestionadas debido a la falta de transparencia en el proceso y las discrepancias con los testimonios de los afectados y sus representantes sindicales.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) inició acciones legales individuales y prepara un amparo colectivo en respuesta a los despidos. Simultáneamente, los jefes de servicio del hospital están revisando cada caso con las autoridades de Recursos Humanos, generando expectativas de posibles reconsideraciones.

Pablo Maciel, presidente de CICOP, denunció la arbitrariedad de los despidos y criticó la falta de consulta previa con los trabajadores afectados. "Parece que es así la era Milei: primero deciden y después ven qué pasa", expresó en referencia a las decisiones gubernamentales.

La situación se complicó aún más cuando se reveló que entre los despedidos se encontraba una bióloga molecular clave en el procesamiento de muestras de pacientes con leucemia y linfoma. Este caso específico subrayó las contradicciones entre la versión oficial y la realidad operativa del hospital.

La falta de información detallada sobre el criterio utilizado para los despidos alimentó la incertidumbre entre los trabajadores y la comunidad médica. Aunque el Ministerio de Salud mencionó la necesidad de preservar la privacidad de los datos personales, persisten las dudas sobre la equidad y legalidad de las medidas adoptadas.