La nueva intendenta peronista de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, acusó esta mañana a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) de instar a un «golpe institucional» y denunció que recibió amenazas de muerte. Los presuntos ataques se habrían dado después de que haya echado a más de 550 empleados municipales que fueron pasados a planta permanente por Germán Alfaro, el antecesor.
“Es muy preocupante el grado de violencia, y hay personas que instan a esa violencia”, comentó. A su vez, arremetió contra “exfuncionarios que alteran la paz social, y concejales y legisladores que han sido elegidos por el pueblo». «Hoy quieren dar un golpe institucional”, agregó en diálogo con el medio local, La Gaceta.
“En Whatsapp dicen ‘la van a matar’. Ya hice la denuncia penal correspondiente. Hablan de ir a mi domicilio. Llama la atención los funcionarios que actúan de esta manera”, continuó. “Esto puede terminar en algo muy grave. Si con este grado de violencia hay un herido o muerto, voy a responsabilizar a estas personas que instan a la violencia a la gente”, declaró.
Chahla ganó la intendencia con un resultado muy ajustado frente a Beatriz Ávila, esposa de Alfaro; apenas 5.200 votos de diferencia con la aspirante de Juntos por el Cambio.
Así mismo, la nueva intendenta sostuvo que “tiene pruebas” de las amenazas y los intentos de «golpe» que “ya están en manos de la fiscal”. “Voy aportando los datos para que se identifique a estas personas que atentan contra la paz social”, siguió. Y agregó: “Esta gente está acostumbrada a avasallar a las instituciones. Quiero decirles a los vecinos que se queden tranquilos porque estoy firme”.
Por otro lado, justificó su decisión de cesantear al personal municipal en cuestión: «No estoy ‘sacando gente para poner a los míos’, sino que quiero ser justa con los que estuvieron en la calle solucionando problemas y que hoy no está reconocida con muchos años de antigüedad”, aseguró.
En este marco, Alfaro se defendió de las denuncias públicas que realizó Chahla: “No fue gente incorporada, sino titularizada”. Además, detalló que el proceso “venía desde abril”. “Quieren hacerle creer a la gente que son ñoquis, pero son laburantes, gente humilde que cobra 220 mil pesos”, agregó.
Marcelo Albaca, contador general de la jurisdicción, aseguró que había cien empleados que “querían conocer dónde tenían que prestar servicios, porque ni siquiera ellos sabían”. “Desde junio hasta octubre, hablamos de 1.700 nombramientos en planta permanente que realizó la gestión anterior”, destacó. De esta forma, dijo que buscarán “constituir una comisión para evaluar, en cada caso concreto, las incorporaciones dispuestas desde el 1 de junio de 2023″.
Por último, el ex intendente mencionó que los empleados afectados presentarán un amparo colectivo ante la justicia tucumana.
