La Corte de Apelaciones de Washington DC rechazó un recurso presentado por la Argentina y confirmó la condena que obliga al Estado a pagar USD 390,9 millones al fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, proceso que se llevó a cabo durante el primer gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El caso se originó tras un laudo favorable a Titan Consortium en el CIADI. Si bien las resoluciones de ese tribunal no son ejecutables por sí mismas, pueden ser utilizadas como fundamento para solicitar su reconocimiento ante la Justicia ordinaria, paso que el fondo consiguió en Estados Unidos.
La decisión fue dada a conocer por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors especializado en los litigios internacionales que enfrenta el país. Según explicó, el tribunal del Distrito de Columbia ratificó el fallo de primera instancia, que había reconocido la validez del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.
La Cámara de Apelaciones falla contra la Rep. Argentina en caso expropiación de Aerolíneas Argentinas (USD 390 millones). Está decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas.
The D.C. Circuit has ruled against… pic.twitter.com/wWJbGbmcwj
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) July 21, 2026
La disputa comenzó con la demanda presentada por el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral al momento de la expropiación en 2008. Posteriormente, los derechos sobre el litigio fueron transferidos a Burford Capital —el mismo fondo que impulsó el juicio por la expropiación de YPF— y, finalmente, quedaron en manos de Titan Consortium, que desde 2021 busca hacer efectivo el cobro en los tribunales estadounidenses.
El CIADI emitió un laudo favorable a los demandantes en 2017. La Argentina intentó anular esa decisión, pero el organismo rechazó el planteo en 2019. En 2024, la Justicia de Estados Unidos reconoció la validez de la sentencia y ordenó al país pagar US$390,9 millones, más los intereses correspondientes.
Durante noviembre del mismo año, ambas partes mantuvieron negociaciones para alcanzar un acuerdo que permitiera cerrar el litigio. Según trascendió, habían avanzado en los términos y condiciones del pago, así como en el cálculo de la deuda e intereses, con el objetivo de evitar nuevas acciones judiciales y posibles embargos.
Sin embargo, la Argentina modificó su estrategia legal y finalmente no concretó el pago de la sentencia. A raíz de esa decisión, Titan Consortium inició gestiones para ejecutar el fallo mediante el embargo de activos soberanos argentinos, aunque ese proceso enfrenta dificultades debido a la complejidad de identificar bienes o cuentas que puedan ser alcanzados por la medida.



