El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió elevar a juicio oral la causa contra cinco integrantes de Revolución Federal por una serie de episodios de violencia, amenazas y mensajes intimidatorios registrados durante 2022. En paralelo, el magistrado sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, quienes habían sido investigados por el presunto financiamiento de la agrupación.
La decisión alcanza a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Nilda Sabrina Basile, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Lidia Margarita Casciano. El expediente analiza las actividades desarrolladas por el grupo desde mayo de 2022 y las expresiones difundidas contra dirigentes políticos y figuras públicas.
La investigación sobre la agrupación
Según la reconstrucción incorporada al expediente, Morel y Sosa estuvieron entre quienes organizaron Revolución Federal, mientras que Basile y Guerra también participaron de sus actividades. La organización utilizaba redes sociales y otros espacios de difusión para divulgar mensajes de fuerte contenido intimidatorio dirigidos contra integrantes del entonces Gobierno nacional y sus seguidores.
Entre los hechos que quedaron incluidos en la causa aparecen manifestaciones realizadas durante 2022, entre ellas una marcha con antorchas en Plaza de Mayo en la que se utilizó una guillotina con el símbolo del peronismo. También se investigaron distintas expresiones consideradas amenazas contra dirigentes y personalidades públicas.
La acusación original había contemplado la figura de asociación ilícita. Sin embargo, la Cámara Federal porteña modificó posteriormente esa calificación y confirmó los procesamientos por incitación a la violencia colectiva, delito contemplado en el artículo 212 del Código Penal. A esto se sumaron expedientes vinculados con amenazas atribuidas a Morel contra Victoria Donda, Víctor Hugo Morales, Maia Daer, Claudia Neira y Jorge Ferraresi.
Qué resolvió el juez sobre los Caputo
En una decisión separada dentro de la misma investigación, Martínez De Giorgi sobreseyó a Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Rosana Pía Caputo. Los tres habían quedado bajo investigación por una posible vinculación económica con Revolución Federal a través de Caputo Hermanos y de los fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo.
La pesquisa se había iniciado luego de que la Unidad de Información Financiera detectara transferencias por más de $6,5 millones durante 2022 hacia cuentas de Jonathan Morel, Ailén Vallero y Evelyn Balboa. La Justicia buscaba establecer si esos movimientos correspondían a operaciones comerciales reales o si podían haber ocultado aportes destinados a financiar las actividades de la agrupación.
Durante la investigación se analizaron los pagos realizados a Morel por trabajos vinculados con la fabricación y provisión de muebles para un complejo ubicado en Vaca Muerta, Neuquén. El juez concluyó que no se logró demostrar que esas operaciones tuvieran como finalidad sostener económicamente las actividades atribuidas a Revolución Federal.
La resolución consideró que existían elementos que respaldaban la realización de las operaciones comerciales y que los productos habían sido entregados e instalados. Un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado reconstruyó 16 operaciones y siguió el recorrido de los fondos involucrados.
De esta manera, mientras los cinco integrantes de Revolución Federal deberán afrontar un juicio oral por los hechos que se les atribuyen, los hermanos Caputo quedaron desvinculados de la investigación por supuesto financiamiento al no haberse acreditado, según la resolución judicial, que los pagos investigados tuvieran un propósito delictivo.
