Un decreto presidencial (el 349/16) objetado por abogados, vecinos y ambientalistas redujo a 0 lo que el Estado percibirá por las exportaciones mineras. ¿Qué se viene? Agarrate y seguí leyendo.

Por Fernanda Sández

Hay una Constitución Nacional Argentina que en su artículo 76 establece que el poder de legislar (salvo dos circunstancias excepcionales) no puede trasladarse al Poder Ejecutivo. Hay, además, una ley de la época de la dictadura que permite “puentear” esa norma.  Hay también, desde principios de febrero, un acampe en Plaza Lavalle, frente a Tribunales. Son los vecinos de la Asamblea El Algarrobo, en Andalgalá, todavía en lucha para hacer valer su derecho constitucional a vivir en un ambiente sano.

Pero hay también, como explican los miembros de la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) una nueva disposición (el decreto 349/ 2016) del Ejecutivo según la cual –pasando por encima de todos los mecanismos legales previstos- el presidente ha decidido llevar a cero (leíste bien: 0) lo que quede en manos del Estado nacional luego de la exportación del metal que fuere. Tengamos en cuenta que, hasta el año pasado, llevarse US$ 100 de minerales argentinos representaba para una provincia como San Juan apenas U$S 1,7. Esto es, una bicoca para la empresa. Y una estafa a la ciudadanía.

Hoy, esa estafa crece hasta lo escandaloso y desnuda lo que realmente está detrás: el financiamiento estatal de los negocios privados. Así, a partir de ahora llevarse minerales desde Argentina implicará  para las empresas involucradas ganancia pura, mientras que para el Estado (o sea: todos nosotros) no habrá beneficio alguno y sí daños irreparables que nadie parece haber tenido siquiera en cuenta.

No por casualidad, las últimas decisiones con respecto a la minería se han tomado al ritmo del carnaval y con sospechosa celeridad. A sólo 11 días de asumir, por caso, y mediante otro decreto (el 160) el Ejecutivo Nacional ya había fijado también en cero las retenciones a otros dos metales: el oro y la plata. Con este segundo decreto (y bajo el pretexto de “reconciliar a la minería con la ciudadanía”) el presidente deja más que en claro cuáles son las prioridades de su gestión en materia de derechos ciudadanos, justicia ambiental y modelo de desarrollo.

¿Qué es lo que nos espera, entonces? Fácil: para imaginar qué es lo que viene alcanza con volver la vista atrás. ¿Recordás  la época de la Colonia, cuando el oro y la plata de América escurrían hacia los puertos y de allí derecho a Europa, sin k aquí ni las migas? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Que hayan pasado apenas cinco siglos entre una y otra cosa y que ya no haya mita ni encomienda es, apenas, un detalle.

Lo más cuestionable del caso es que, como se adelantó, según la Constitución Nacional la potestad de crear y/o eliminar tributos es del Poder Legislativo, no del Ejecutivo. ¿Cómo se explica esto? Simple: según detallan desde la AJAM, “esta decisión en materia tributaria (las retenciones son tributos) fue fundamentada en el art. 755 de la Ley N° 22.415 que aprobó el Código Aduanero; ley que fue sancionada y promulgada en el año 1981 “en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”, por el Presidente De Facto Rafael Videla. Ley convalidada por las autoridades democráticas con posterioridad al no derogarla”. Ergo, si hoy tenemos retenciones cero en materia de minería es por la aplicación de una ley nacida en plena dictadura, con todo lo que eso implica.

Desde esa entidad también se señala otro punto clave y es que “la situación es más clara si se considera que el art. 52 de la Constitución Nacional dispone que a la Cámara de Diputados le corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones.  La idea de que sólo el pueblo a través de sus representantes directos, en nuestro sistema los diputados, pueden crear impuestos es sustancial del sistema representativo y republicano de gobierno”.  

Por esta misma razón, en 2008, el decreto de la 125 (aquel de las retenciones móviles a la soja que desató la llamada “crisis del campo”) no prosperó y la idea debió girarse al Legislativo. El final de esa historia ya todos lo conocemos. La pregunta será entonces por qué aquella vez sí se cumplió con la ley mientras que frente a un tema tan sensible como la mega minería todo se resuelve a decretazo limpio.

Mientras tanto, el 15 de febrero la Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina (RENACE) dio a conocer un comunicado en el cual se advertía cómo, por la vía de los DNU, se termina de dar una suerte de “forma legal” al proyecto extractivista iniciado hace ya más de veinte años y legitimado en la práctica por sucesivas gestiones políticas más interesadas en “atraer capitales” que en observar cuáles son los resultados concretos de esta clase de soluciones mágicas en el largo plazo.

“Los recientes desastres que provocaron las mineras en Mina Gerais y  Jáchal, San Juan, demuestran a los riesgos a los cuales que estamos expuestos y la impunidad que tienen las empresas frente a Estados que ni las controlan ni las sancionan. Después de los casos irresueltos de espionaje contra vecinos organizados, después de dos décadas  de sostener negocios contaminantes y de manipular la información desde el Estado hacia el Pueblo, llega esta decisión: la vía libre, la definitiva confirmación de la entrega del territorio, de los bienes comunes y del destino de las futuras generaciones”, se lee en el texto, de título sugerente: Vienen por todo.

En ese sentido, los casos de Jáchal en San Juan (adonde en septiembre se derramó más de un millón de litros de solución cianurada sin que haya habido hasta ahora precisiones sobre el episodio, castigo a los responsables ni estrategia alguna de remediación) y de Andalgalá, en Catamarca, pueden ser dos buenos ejemplos. El primero, por ser la muestra viviente de cómo eso que según el discurso de las megamineras “lo que no puede suceder” termina sucediendo sin que nadie se haga cargo de nada. El segundo, por ser además un ejemplo de lucha y de constancia.

Andalgalá fue de hecho –allá por los noventa, en pleno menemismo- la primera experiencia de megaminería en nuestro país, con la llegada de la empresa Alumbrera. Hoy, este pueblito de 20.000 habitantes está tan pobre como al principio y con una amenaza más sobrevolando: la concreción del proyecto minero Agua Rica, que se instalará a muy pocos kilómetros del pueblo y sobre las fuentes de agua gracias a las cuales sobrevive Andalgalá.

Por eso, en cuanto las obras se iniciaron –allá por 2009- los vecinos impidieron el paso de los camiones. Fueron reprimidos brutalmente pero se reorganizaron como asamblea y ahora están acampando desde hace tres semanas frente a los Tribunales. Su pedido a la Corte Suprema es claro: que no cajoneen el amparo de hace seis años y que defiendan su derecho al agua, a la vida y a vivir en un ambiente no contaminado. ¿Será justicia? Eso todavía está por verse. Pero, a juzgar por decretos como el 160 y el 349 de 2016, los pronósticos no parecen ser los mejores.

Aun así, según pudo verse en una improvisada conferencia de prensa que dieron los acampantes hace algunos días en la Plaza Lavalle, la decisión es la de mantenerse firmes. “El amparo pretende frenar la exploración y explotación del emprendimiento megaminero a cielo abierto Agua Rica, el cual fue autorizado de forma ilegal en el año 2009”, sostuvieron los vecinos. ¿En qué fundamentan la demanda? “En la nulidad de la pretendida explotación megaminera inconsulta del yacimiento megaminero Agua Rica, en defensa de nuestros derechos al agua, a la salud, a la participación en la toma de decisiones, a la paz social, entre otros”.

Piden además a las autoridades “revertir las decisiones políticas y jurídicas que han sido tomadas a nuestras espaldas y que entregan nuestro territorio, el agua, nuestras vidas y las de nuestros/as hijos/as y nietas/os directamente al mercado y a las ganancias empresariales extranjeras”. Más claro, a echarle agua. Sin cianuro, de preferencia.