Desde que se conoció la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández, aumentó el caudal de llamados a la línea 144, que asiste y asesora a mujeres y personas LGBTIQ+ que están en situaciones como la de ella.
“Es superimportante que la gente sepa que la línea sigue activa, pero hay momentos en que no damos abasto”, señala una operadora de ese servicio desde el año 2015.
Sus palabras no aluden únicamente a este pico de llamados de las últimas horas sino al recorte de personal que sufrió el servicio nacional, que estaba dentro de la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y ahora depende de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que funciona dentro del Ministerio de Justicia.
“Éramos 146 personas y ahora somos 82″, asegura la secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por el ministerio ya disuelto.
Los despidos fueron a fines de junio, en el contexto de una reducción de personal en la Subsecretaría. El 28 de junio se despidió al 85% de las personas empleadas de esa subsecretaría.
“Para 2024, la línea 144 tiene un presupuesto vigente de 898,7 millones de pesos y al día de hoy, se gastaron ya 772,5 millones de pesos, lo que equivale a un 86% del presupuesto disponible. Esto significa que le queda un 14% para funcionar hasta el resto del año, lo que es inviable. Es esperable que haya reasignaciones, pero ese es un escenario propicio para la discrecionalidad: el Estado decide qué partidas aumenta y cuáles no”, explica la economista Malena Vivanco, del programa Justicia Fiscal de ACIJ.
La historia
La línea 144 fue creada en 2013 para brindar asesoramiento, acompañamiento y contención a personas que están padeciendo alguna o varias de las diferentes formas en que puede manifestarse la violencia de género: física, psicológica, económica, etcétera. Sus tareas implican, muchas veces, articular con otras áreas del Estado, así como con comisarías o juzgados.
Además del canal telefónico, también recibe consultas vía WhatsApp y mail. En todos los casos, son las mismas operadoras las que responden.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el servicio en CABA y la provincia de Buenos Aires se descentralizó. De esta manera, actualmente cuenta con tres sedes: la porteña, que depende de la Vicejefatura de Gabinete porteña; la bonaerense, que depende del Ministerio de Mujeres provincial; y la nacional, que es la que ahora depende de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y se ocupa del resto del país, además de articular con las otras dos sedes.
