Son casos de esclavitud sexual o laboral. Pasaron de 2.110 rescates de personas en 2015 a 666, en 2016 y cerca de 500 hasta septiembre, según datos informados por Marcos Peña y el Ministerio Público. Las denuncias crecieron pero las causas judiciales iniciadas también bajaron. La estrepitosa caída en las estadísticas obtuvo excusas oficiales como el “clima”. La nula actividad de la UATRE, que recuperó el control de un organismo clave.
Por un breve momento, los minutos que te tomen leer este artículo, olvidemos que cada uno de ellos es alguien, mujeres y hombres irremplazables; los números, fríos, despojados, dicen: en un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%. En 2014 fueron 1.810 personas, explotadas laboral o sexualmente, que recuperaron su vida, su libertad. En 2015 la estadística, basada en datos oficiales, subió a 2.110. Pero el año pasado se derrumbó a 666. Y en lo que va del 2017, actualizado a septiembre, son 516. De continuar esa tendencia, en los tres meses restantes apenas se superará el piso del período anterior.
A priori, se podría concluir que es una buena noticia, que disminuyó el delito de trata de personas en el país. ¿Es así? Otro registro mostraría indicios de que no. En paralelo, cada vez son más las denuncias al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia. Fueron 1.794 las registradas en 2014, que pasaron a 2.732 en 2015 y un récord de 3.256 el año pasado, cuando se detectó la menor tasa de víctimas rescatadas. A septiembre, van 2.045. Con 726 denuncias, la provincia de Buenos de Aires lidera el triste ranking, seguido por la Ciudad con 454, Santa Fe con 155 y Mendoza con 113.
Estos datos fueron brindados por el jefe de Gabinete Marcos Peña en sus últimos informes presentados al Congreso, ante sucesivas consultas de diputados y senadores.
#BORDER pidió explicaciones al ministerio de Germán Garavano. En una respuesta oficial, si bien informal, aclararon primero que el porcentaje de víctimas rescatadas no es correlativo a los llamados al 145. “El hecho de que hayan muchas denuncias implica mayor cantidad de investigaciones pero que pueden estar en curso todavía, con lo cual no es una proporcionalidad directa”, replicaron.
Este argumento fue validado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), del Ministerio Público Fiscal, de la renunciante Alejandra Gils Carbó, que coadministra la línea 145, de denuncia telefónica gratuita. Ahí aclaran que, frente a poca respuesta en comisarías y fiscalías, están recibiendo muchos mensajes de delitos que podrían no ser de trata de personas, como violencia de género o desapariciones. Si bien no es parangón, esta estadística igual brinda una idea aproximada de que el problema sigue siendo un problema.
Probemos con otros guarismos. En la serie de informes anuales que la PROTEX elabora para la ONU, también evidencian una disminución de expedientes iniciados en la Justicia Federal vinculados a la trata. En 2014 fueron 2.386; en 2015, 2.948; en 2016, 1.981; y en los primeros 8 meses de este año, 869. En contraposición, los hombres procesados (por causas que pueden venir de años anteriores) mantuvieron una tendencia: 100 en 2014; 97 en 2015 y 107 en 2016. Y en el caso de las mujeres, aumentaron (de 38 a 62).
En síntesis, aumentaron las denuncias, pero cayeron las causas iniciadas y el rescate de personas, como se ve en esta infografía que #BORDER realizó en base a los datos oficiales obtenidos.
¿Entonces, hay menos explotación o no? Obviando las cifras, en los despachos oficiales admiten que no. Y las asociaciones que trabajan en la problemática son claras: “No vemos que haya una disminución en el delito de trata de personas”, opinaron desde la Fundación María de los Ángeles, de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, desaparecida desde abril de 2002. En la ONG, que tiene tres sedes donde dan asesoramiento jurídico a denunciantes y maneja sus propias estadísticas, trabaja un equipo interdisciplinario de especialistas, alertan sobre un aumento de casos que involucran a chicas trans en Tucumán.
“Estamos pasados de problemas, tenemos dos abogados y no hay dónde poner a las pibas. Los casos se demoran hasta 4 años y los jueces no dan orden de indagatoria. Estamos evaluando presentar un recurso de queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, resume Margarita Meira. Hace 25 años encontró muerta a su hija Susana luego de haber sido vista en los boliches “Shampoo» y “Cocodrilo”. Hoy mantiene un comedor con 444 raciones diarias que asiste a varios chicos que quedaron en manos de sus abuelas luego de que sus madres desaparecieran. Desde su lugar, no sólo cree que no hay menos delitos de trata, todo lo contrario: “Tal vez porque se visibilizan más gracias a Facebook o porque simplemente hay más. No lo sé”.
Ahora bien: ¿Cómo explica el Gobierno el abrupto descenso de rescates en 2016? En consonancia con especialistas consultados, dicen que es multifactorial. El primer punto. “El tema del RENATEA impactó en forma directa, disminuyeron los allanamientos en las zonas rurales”, señala el texto oficial en respuesta a este artículo. Creado en 2012, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), ente autárquico del ministerio de Trabajo, fue disuelto con Mauricio Macri (con aval de la Corte Suprema y luego oficializado por boletín oficial en septiembre del 2016) y sus funciones regresaron a la UATRE que comandaba el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas, por lo que se volvió a instaurar el (suprimido en 2011) Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). A su cargo quedó Ramón Ayala, a quien la hija del sindicalista en la pelea por la herencia calificó de “testaferro” de su padre en una nota con Perfil.
No sólo hubo cambio de siglas en el organismo que desde 2013 había fiscalizado 1.780 establecimientos rurales con 154.000 trabajadores y 11.700 empleadores, con un resultado de mil denuncias de explotación laboral e infantil. “Desde el 10 de diciembre de 2015 hasta mediados de marzo de este año (2016), esta Procuraduría no ha recibido ninguna denuncia ni noticia de posible situación de explotación, servidumbre o trabajo forzoso por parte de las autoridades encargadas del Registro de Trabajadores Rurales”, fue la alerta temprana de la PROTEX en un informe anual sobre la Línea 145, difundido en mayo de 2016. Desde el ente no respondieron la consulta de #BORDER.
Segundo punto de la respuesta oficial. “Otro de los factores que influyó es el tema del clima. El año pasado hubo un cambio climático como viene habiendo todos los años, pero particularmente hubo dos o tres provincias que quedaron bajo el agua”. Y sigue: “Las lluvias del año pasado incidieron con lo cual en marzo estab todo bajo el agua, no había cosecha, no había trabajadores esclavos ni no esclavos. Eso da una disminución importante”.
El factor climático es una justificación discutible. Volvamos al peritaje meramente contable: según el censo del Programa de Rescate, de las 11.169 víctimas identificadas desde 2008, el 46% fue por explotación sexual y el 53% laboral. Por otra parte, el trabajo esclavo no sólo ocurre en los campos: el análisis de la Línea 145 concluye que de todas las denuncias sobre explotación laboral, el 43% es por talleres textiles, el 31% en “establecimientos comerciales” y apenas el 17% en el ámbito rural. Aún cuando en 2016 no se hubiera detectado ni un solo trabajador explotado en una estancia, tampoco ello explicaría del todo semejante caída del 70%. Quedará ver las estadísticas de 2018 para ver si es una excepción o la regla.
Todos estos son números, puras matemáticas impersonales. Pero como se dijo al principio, de cada decimal depende la vida o la muerte. Y ahí no hay lógica que valga.
Contactos Útiles
Línea 145
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