La Secretaría de Transporte, bajo la gestión del Ministerio de Economía, presentó esta semana una medida cautelar para garantizar el derecho de acceso gratuito al transporte de media y larga distancia a las personas con discapacidad, frente a los reiterados incumplimientos de empresas del sector.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) impulsó esta acción legal, en busca de una respuesta judicial que ordene a las empresas que respeten la normativa vigente y no limiten el acceso de las personas con certificado de discapacidad a estos servicios. El propio Gobierno había eliminado las normas que forzaban al sector a proveer estos servicios a principios de mes.
La decisión de recurrir a una medida judicial se suma a una serie de acciones sancionatorias realizadas recientemente por la CNRT en respuesta a quejas de usuarios y denuncias recibidas.
Durante las últimas semanas, la CNRT llevó adelante un proceso de multas e intimaciones a más de 44 empresas, debido a su negativa a brindar los pasajes gratuitos exigidos por la ley. Según informaron desde el organismo, estos incumplimientos están vinculados a la reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia, que algunos actores interpretaron como una liberación de sus obligaciones hacia las personas con discapacidad.
La desregulación
De acuerdo con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, permite a las empresas del sector ajustar su oferta en función de la demanda, eligiendo libremente rutas, tarifas y horarios.
Sin embargo, Mogetta subrayó en sus redes sociales que esta medida “no libera a las compañías de su responsabilidad de cumplir con el sistema de protección para personas con discapacidad”. Al respecto, el secretario enfatizó que la CNRT mantendrá controles estrictos y sancionará a quienes incumplan la normativa que garantiza el acceso sin costo a los pasajeros con certificado de discapacidad.
La desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros, establecida a través del Decreto 883/23, introdujo una serie de cambios significativos en la operatividad del sector. Esta medida permitió que las empresas definan por sí mismas las condiciones de prestación, eliminando la clasificación de los servicios en público, tráfico libre, ejecutivo y turístico.
Además, las empresas ya no están obligadas a realizar sus paradas en las terminales, un cambio que implica una reducción de los costos de operación asociados al “toque de dársena” que se abonaba en estas estaciones.
